Cientos de agricultores sufren largas esperas en Portoviejo debido al colapso en la legalización de predios rurales por falta de inspectores estatales.
Lo que debería ser un trámite técnico y ágil se convirtió en una pesadilla de meses, e incluso años, para los comuneros.
Alejandro Navarrete lleva años intentando registrar su propiedad. Su expediente no avanza de la ventanilla del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Paralización en el campo
Las ventanillas de recepción intentan procesar la alta demanda diaria. Sin embargo, la fase más crítica del proceso está prácticamente paralizada hoy.
La inspección de campo es el cuello de botella. Se requiere verificar físicamente cada terreno antes de otorgar las escrituras públicas correspondientes.
Nelson Tubay, usuario afectado oriundo de Jipijapa, confirmó la preocupante situación operativa que atraviesa la dirección técnica de la institución pública.
Personal totalmente insuficiente
La oficina cuenta con apenas tres o cuatro inspectores encargados de movilizarse por los 22 cantones de la provincia manabita.
El territorio asignado incluye además a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, que junto a Manabí forman la Zona 4.
Ante el masivo volumen de solicitudes que ingresan a diario, la capacidad operativa de este minúsculo equipo técnico resulta totalmente insuficiente.
Suspensión de solicitudes
La acumulación de carpetas de predios es de tal magnitud que colapsó el sistema informático y de archivo de la entidad del agro.
Reportes ciudadanos señalan que la institución suspendió temporalmente la recepción de nuevas solicitudes el mes pasado debido a la saturación extrema.
Esta medida desesperada se adoptó ante la imposibilidad de despachar los miles de expedientes físicos que permanecen guardados en las oficinas.
El drama de los usuarios
El caso de Tubay refleja fielmente la dura realidad del usuario común. Él intenta legalizar un pequeño predio heredado de su padre.
Su trámite en Jipijapa ya cumple tres años sin resolverse. El ciudadano relata un largo calvario debido a la lentitud burocrática.
El agricultor perdió un año entero en ventanillas debido a la exigencia progresiva y constante de nuevos requisitos por parte del Estado.
Carpetas congeladas
A pesar de ingresar el expediente a inicios de este año, la carpeta lleva casi seis meses congelada en los archivos oficiales.
El trámite espera que un inspector sea asignado para visitar Jipijapa y validar técnicamente los linderos exactos de la propiedad agraria.
"Solo me dicen que debo esperar, que están atendiendo casos acumulados de años anteriores", señala con profunda indignación el afectado.
Respuestas ambiguas
"No te dicen si la espera será de días, meses o más años", añade Tubay sobre la incertidumbre que viven los campesinos.
La centralización de los trámites agrava severamente la situación socioeconómica para los sectores agrarios más vulnerables de la región costera.
Campesinos de escasos recursos económicos deben viajar desde zonas muy distantes como Pedernales, El Carmen, Puerto López o Pichincha.
Costos del traslado
Los afectados viajan largas distancias hacia Portoviejo. Muchos realizan estos extenuantes y costosos viajes solo para solicitar información básica sobre sus predios.
No acuden a realizar un trámite nuevo. Buscan saber cuándo se realizará la postergada inspección técnica en sus lejanos predios rurales.
La respuesta institucional que reciben siempre resulta idéntica y ambigua: "Hay que esperar", aumentando el malestar general de la población.
Convenios institucionales
Frente a las quejas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería informó sobre la ejecución previa de estrategias para mitigar el rezago existente.
El año pasado se firmaron siete convenios de cooperación interinstitucional para la legalización de tierras con diversos gobiernos locales de Manabí.
Los acuerdos se suscribieron con los GAD’s de Alhajuela, El Anegado, Montectristi, El Paraíso La 14, El Carmen, Rocafuerte y Flavio Alfaro.
Cifras oficiales
La entidad reportó que durante el 2025 se lograron en Manabí 1.039 providencias de adjudicación emitidas por la autoridad competente.
Esta gestión estatal correspondió a la regularización de un total de 3'817,515 hectáreas productivas en toda la provincia costera.
Asimismo, las autoridades confirmaron la entrega efectiva de 855 títulos de propiedad distribuidos en seis eventos públicos oficiales el año anterior.
Incertidumbre actual
Este medio de comunicación digital no pudo acceder a información oficial actualizada sobre el estado de los trámites durante este año.
Los agricultores de la Zona 4 continúan exigiendo una reestructuración urgente que permita agilizar la entrega de sus títulos de propiedad.
La falta de escrituras impide a los trabajadores del campo acceder a créditos productivos y beneficios del Gobierno para el sector agropecuario (26).
