La Fundación Cóndor Andino Ecuador y el movimiento Pachakutik rechazaron el Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas, argumentando que pone en riesgo la conservación ambiental, la gestión pública de territorios protegidos y los derechos colectivos. La propuesta, calificada como urgente en materia económica por la Asamblea Nacional, ha generado críticas por su falta de salvaguardas ambientales y su potencial para facilitar actividades empresariales en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
La Fundación Cóndor Andino, en un comunicado oficial, señaló que el proyecto permite una privatización encubierta de las áreas protegidas al autorizar actividades comerciales sin controles suficientes. Esto, según la organización, amenaza la biodiversidad y debilita la rectoría del Estado sobre estos territorios. Asimismo, Pachakutik expresó que la norma pone en peligro a la naturaleza y reafirmó su compromiso con la defensa de los ecosistemas.
Críticas al impacto ambiental
La Fundación Cóndor Andino destacó que el proyecto no garantiza la protección de especies en peligro. Poniendo en riesgo a animales como el cóndor andino, el jaguar, el oso andino, el mono araña de cabeza café y el águila andina. Estas especies, cuyos hábitats se encuentran en las áreas protegidas, podrían enfrentar impactos irreversibles debido a la falta de regulaciones estrictas. La organización advirtió que la biodiversidad nacional, reconocida mundialmente, está en riesgo si la ley se aprueba en su forma actual.
Por su parte, Pachakutik calificó el proyecto como una amenaza directa a la naturaleza. Subrayó que su aprobación podría comprometer los ecosistemas y los derechos colectivos de las comunidades que dependen de estos territorios. Ambas organizaciones han exigido una reformulación profunda del texto legal para priorizar la conservación y el bien común.
Gestión pública en entredicho
Otro punto central de las críticas es la transferencia de competencias a actores privados, lo que debilitaría la capacidad del Estado para administrar el SNAP. Según la Fundación Cóndor Andino, esta medida reduce la rectoría pública y abre la puerta a intereses comerciales que podrían priorizar el lucro sobre la protección ambiental. La organización, insistió en que las áreas protegidas deben gestionarse con un enfoque de sostenibilidad.
Además, el proyecto ha sido cuestionado por no incluir salvaguardas sociales que protejan a las comunidades locales. Estas poblaciones, que históricamente han convivido con los ecosistemas protegidos, podrían ver vulnerados sus derechos si se implementan actividades empresariales sin regulaciones claras.
Debate sobre conservación ambiental
La Fundación Cóndor Andino ha instado a la Asamblea Nacional a revisar el proyecto y garantizar que cualquier legislación fortalezca, en lugar de debilitar, el sistema de áreas protegidas. La organización propuso que se priorice la conservación de los ecosistemas, el respeto a los derechos colectivos y el fortalecimiento de la gestión pública. Por su parte, Pachakutik reiteró su compromiso con la defensa de la naturaleza y llamó a la ciudadanía a estar alerta frente a iniciativas que comprometan el patrimonio natural del país.
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador abarca 60 áreas que cubren aproximadamente el 20% del territorio nacional, albergando una biodiversidad única en el mundo. La posible aprobación de este proyecto ha generado un debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico y conservación ambiental.
Las críticas de estas organizaciones reflejan la preocupación por el futuro de las áreas protegidas y la necesidad de políticas que garanticen su sostenibilidad.
