Los señalamientos del ministro del Interior, John Reimberg, sobre presuntos intentos de jueces de Manabí por contactarlo a través de terceros en un caso de lavado de activos, deben ser investigados con firmeza y sin dilaciones. Este tipo de afirmaciones, al provenir de un alto funcionario del Ejecutivo, comprometen la confianza pública en el sistema judicial y requieren respuestas claras.
Las declaraciones del secretario de Estado adquieren mayor peso al enmarcarse en un contexto en el que algunos fallos judiciales han beneficiado a personas involucradas en delitos graves, debilitando la percepción de imparcialidad en la administración de justicia.
La pronta reacción del Consejo de la Judicatura es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, la ciudadanía espera que las investigaciones se realicen con independencia, transparencia y rigor técnico, sin permitir presiones ni filtraciones interesadas.
Si se comprueba la existencia de intentos de interferencia, los responsables deben afrontar las consecuencias legales correspondientes. Solo así se podrá restituir la credibilidad institucional.
La justicia no solo debe actuar con limpieza, sino también demostrarlo. En momentos de crisis institucional, su rectitud es el principal sostén del Estado de derecho.
