La contaminación causada por las pilas usadas exige medidas inmediatas y sostenidas. El país no puede seguir acumulando residuos tóxicos sin un plan claro de recolección y reciclaje. Es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanos, porque está en juego la salud y el ambiente.
Cada pila contiene metales pesados capaces de dañar agua, suelo y aire. Una sola puede contaminar hasta 600.000 litros de agua. Frente a esta amenaza, resulta urgente establecer un sistema formal de gestión que evite que las pilas terminen en la basura común.
Existen antecedentes de campañas que demostraron que la participación ciudadana es posible. La iniciativa “Ponte Pila con las Pilas” recolectó miles de unidades en pocos años en Manabí. Sin embargo, el esfuerzo no tuvo continuidad, lo cual refleja la falta de políticas públicas permanentes en el tratamiento de residuos peligrosos.
El Estado debe liderar con firmeza la creación de un sistema nacional de reciclaje de pilas. Al mismo tiempo, los gobiernos locales pueden impulsar campañas sostenidas que fomenten conciencia y responsabilidad ambiental. La participación de escuelas y universidades debe ser constante, no circunstancial.
La gestión adecuada de las pilas usadas es una tarea inaplazable. Proteger el agua y la salud de las comunidades depende de que hoy se actúe con decisión.
