La decisión del Gobierno del presidente Noboa, que elevó el precio del galón de diésel de 1,80 a 2,80 dólares a partir del 13 de septiembre de 2025, marca un punto de inflexión en la política energética ecuatoriana. Lo que parecía una fantasía moderada se convierte ahora en una realidad brusca que incide en los bolsillos, la producción y la legitimidad del poder.
Se ha dicho que el diésel ha estado subsidiado, pero al parecer existe mala información en la lógica oficial, pues este combustible no está subsidiado. Es relativamente barato en Ecuador debido a que el precio de producción por galón es apenas de 1,05 dólares. En un país petrolero, de la enorme riqueza que se extrae de la tierra, algo debe recibir la ciudadanía.
Para mejor entendimiento, es necesario definir qué es un subsidio. Según la Real Academia Española, el subsidio es un dinero que, durante un tiempo, se concede como ayuda de carácter oficial a una actividad. En economía, el subsidio tiene lugar cuando el costo de producción de un bien es alto y afecta las condiciones de vida de los consumidores de los sectores vulnerables. En ese momento, producto de la presión social, el Gobierno puede decidir subsidiar un porcentaje para abaratar el precio final del producto.
Por ejemplo, si el precio de un producto X cuesta 5 dólares y esto afecta la calidad de vida de los sectores vulnerables por no poder acceder al producto, el Gobierno puede decidir subsidiar el 50 %. Esto implica que el Gobierno asume 2,5 dólares y los paga a los productores, mientras que los consumidores pagan los otros 2,5 dólares. A esto se le llama subsidio. Lo que ha hecho el Estado con el diésel puede ser cualquier cosa, menos un subsidio.
El precio de costo de producción es la suma de todos los gastos dividida para la cantidad de producción. Luego surge la pregunta: ¿cuánto debe costar este producto en el mercado? Para ello, según la ley, se debe incrementar el 30 %. Por tanto, si el costo de producción de un galón de diésel es de 1,05 dólares, el costo en el mercado debería ser de 1,37 dólares. Esto implica que el Estado ha vendido el diésel a precio de especuladores.
El gasto en subsidio que, según Dahik, ha tenido el Estado desde 2010 hasta 2023 —54.000 millones de dólares— es un mito utilizado para justificar la elevación del precio del combustible. Más bien, como se revela, el Estado ha tenido ganancias.
La producción de diésel no abastece al mercado. Si este fuera el caso, lo que habría que hacer es invertir para potenciar la producción y no subir el precio de manera escandalosa para arreglarle el negocio a los importadores. Aunque se diga lo contrario, el impacto inflacionario es innegable: elevará los costos del transporte de alimentos y mercancías, que rápidamente se trasladarán al consumidor final. En un país donde gran parte de la población vive al día, cada centavo cuenta.
