El Poder Judicial de Perú resolvió extender por un año adicional la medida de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, quien permanecerá detenido hasta marzo de 2027 mientras avanzan las investigaciones por presuntos actos de corrupción y organización criminal.
La decisión fue adoptada este viernes 27 de marzo por el juez Edhin Campos, en el marco de un proceso que involucra adjudicaciones irregulares de contratos públicos.
Según la resolución judicial, el exmandatario es investigado por supuestamente liderar una red que habría gestionado beneficios económicos ilícitos a cambio de direccionar obras estatales, principalmente desde los ministerios de Vivienda y Transportes.
La medida busca asegurar su permanencia en el país durante el desarrollo del proceso penal.
Investigación por presunta red en el Estado
De acuerdo con la Fiscalía, la presunta organización habría operado mediante el cobro de comisiones ilegales a empresas y personas cercanas, facilitando la asignación de proyectos públicos.
En ese contexto, las autoridades sostienen que Castillo habría ocupado un rol central dentro de esta estructura, coordinando acciones desde el Ejecutivo.
En el mismo caso también figura el exministro Geiner Alvarado, quien dirigió las carteras de Vivienda y Transportes durante el gobierno de Castillo.
Su detención preventiva fue igualmente ampliada, aunque en su caso regirá hasta octubre de 2026, conforme a lo informado por medios locales como La República.
Delitos investigados y antecedentes del caso
La Fiscalía peruana investiga a los implicados por presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.
Según las pesquisas, Alvarado habría tenido participación en la ejecución de obras cuestionadas, mientras que el expresidente sería señalado como el principal articulador de las decisiones.
Este proceso se suma a otros antecedentes judiciales que enfrenta Castillo. El exgobernante ya fue condenado a once años y cinco meses de prisión por el delito de conspiración para rebelión, tras el intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022, un hecho que derivó en su destitución y detención.
La ampliación de la prisión preventiva responde, según la judicatura, a la complejidad del caso y al volumen de pruebas que aún deben ser analizadas.
Además, las autoridades consideran que existen riesgos procesales que justifican mantener la medida mientras continúan las diligencias.
