El Gobierno de Nepal ha prohibido el acceso a las principales redes sociales y plataformas de mensajería, como Whatsapp, Facebook, X (antes Twitter), Instagram y YouTube. La razón es el incumplimiento de la normativa local que exige el registro obligatorio ante el Ministerio de Comunicación e Información Tecnológica. Esta medida entró en vigor este jueves 4 de septiembre de 2025, según confirmó la Autoridad Nepalí de Telecomunicaciones (NTA).

Regulación tecnológica y control estatal

El bloqueo de las plataformas digitales se produce tras el vencimiento del plazo de registro obligatorio, que el Gobierno nepalí había fijado para el miércoles 3 de septiembre. Esta medida busca regular el uso de contenidos y asegurar que las plataformas operen bajo la legislación nacional. Así, permitirá su supervisión directa por parte de las autoridades.

La decisión gubernamental tiene respaldo judicial. El Tribunal Supremo de Nepal había emitido una orden solicitando al Ejecutivo que exigiera el registro previo de todas las plataformas extranjeras de redes sociales antes de permitir su uso dentro del país. Esta orden se sustenta en la necesidad de garantizar la rendición de cuentas. También busca evitar la propagación de información dañina o no regulada.

Durante el plazo de una semana establecido a partir del 28 de agosto, solo cinco aplicaciones completaron el proceso de registro: TikTok, Viber, Witk, Nimbuzz y Popo Live. Esto fue de acuerdo con el periódico local The Kathmandu Post.

Implementación del bloqueo y reacciones oficiales

El portavoz del Ministerio de Comunicación e Información Tecnológica, Gajendra Kumar Thakur, explicó que “todas las plataformas no registradas han sido desactivadas en Nepal”. Además, indicó que cualquier empresa que regularice su situación será restablecida automáticamente.

La medida afecta a millones de usuarios en el país. Ahora, ellos no pueden acceder a plataformas ampliamente utilizadas tanto para la comunicación personal como para actividades comerciales y educativas. El Gobierno ha señalado que la puerta sigue abierta para las plataformas que decidan cumplir con las normativas nacionales.

Sin embargo, no se han dado detalles específicos sobre los criterios técnicos del bloqueo. Tampoco se ha informado si se trata de un cierre temporal mediante proveedores de Internet o un sistema de filtrado más avanzado.

Críticas desde la oposición y la sociedad civil

Desde sectores de la oposición política y organizaciones de derechos digitales han surgido críticas ante la prohibición. Algunos legisladores han advertido que la suspensión abrupta de estas plataformas puede generar “desorden público”. Esto afectará a la libertad de expresión, al acceso a la información y al funcionamiento de pequeñas empresas digitales.

Además, han reclamado una revisión legal integral, proponiendo que, antes de imponer bloqueos, el Gobierno debería “identificar primero los problemas existentes” relacionados con el uso indebido de estas plataformas. Luego, se debería legislar con base en evidencia.

En el pasado, Nepal ya había debatido regulaciones tecnológicas enfocadas en combatir el discurso de odio, la desinformación y los contenidos ilícitos. No obstante, esta es la primera vez que se produce un bloqueo de gran escala a plataformas digitales internacionales.

Un precedente en la región

El caso de Nepal se suma a una tendencia en varios países asiáticos. En estos, los gobiernos nacionales exigen mayor control sobre las operaciones de empresas tecnológicas extranjeras. Especialmente, en cuanto al almacenamiento de datos, cumplimiento fiscal y regulación de contenidos.

India, por ejemplo, ya ha implementado leyes similares que obligan a las plataformas a nombrar representantes locales y cumplir con órdenes de eliminación de contenido. Sin embargo, los expertos advierten sobre el riesgo de que estas medidas puedan utilizarse para limitar derechos digitales y controlar la libertad de prensa y expresión.

La situación en Nepal marca un punto de inflexión para las empresas tecnológicas que operan globalmente. Ahora, estas deben decidir entre adaptarse a legislaciones locales más estrictas o perder acceso a mercados emergentes.