María Verónica Soto, madre chilena de 69 años, se reencontró este mes con sus hijas gemelas tras 46 años de separación. Esto ocurrió luego de que fueran arrebatadas ilegalmente de su custodia en 1979 por una clínica estatal en Hualpén, Chile, bajo pretextos falsos. El emotivo reencuentro en el aeropuerto de Concepción fue posible gracias a una comparación genética gestionada por la ONG “Nos Buscamos”. Esta ONG trabaja en la identificación de víctimas de adopciones irregulares durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973–1990).

Robo de bebés durante la dictadura chilena

La historia de Soto se enmarca en un fenómeno denunciado en varias regiones de Chile. Especialmente durante los años de dictadura militar, cuando miles de niños fueron separados de sus familias, muchos de ellos con la complicidad de funcionarios públicos y médicos.

En el caso de Soto, con solo 19 años, fue convencida por personal médico. Le dijeron que sus hijas —recién nacidas y prematuras— debían ser trasladadas por motivos de salud. Ocho meses después, sin explicación válida y pese a múltiples intentos legales, las bebés fueron dadas en adopción a una pareja en Italia, bajo el argumento fraudulento de “abandono voluntario”.

Las actas de nacimiento y documentos judiciales fueron manipulados, impidiendo a Soto ejercer su derecho como madre durante más de cuatro décadas.

La clave: tecnología y voluntad de búsqueda

El reencuentro fue posible gracias a la labor de la ONG chilena “Nos Buscamos”, que promueve la unión de familias separadas por desapariciones forzadas. Utilizan bancos de ADN y bases de datos internacionales.

Soto se realizó una prueba genética en 2020, y en 2025, el hijo de una de las gemelas hizo lo mismo. La coincidencia fue inmediata. En menos de 24 horas, la familia ya estaba conectada por redes sociales y coordinando el viaje a Chile.

“Es como volver a parir a mis hijas, pero en versión adulta”, expresó Soto al recibir a Maria Beatrice y Adelia Rose Mereu Chessa en el aeropuerto de Concepción.

Impacto emocional y legal del reencuentro

A pesar de la barrera del idioma, el momento fue profundamente conmovedor. Las hijas, ahora adultas y residentes en Italia, expresaron su deseo. Quieren mantener una relación con su madre biológica y conocer más sobre su historia en Chile.

Soto, por su parte, asegura que no guarda rencor, pero insiste en que su caso debe servir para visibilizar las adopciones ilegales y exigir justicia. Para ella, tanto su familia chilena como los padres adoptivos en Europa fueron víctimas de una red de tráfico de menores.

“Mis niñas, mamá siempre las buscó”, repetía emocionada durante el reencuentro, que se difundió ampliamente en redes y medios locales.

Miles de casos aún sin resolver

Se estima que entre 20.000 y 25.000 bebés fueron robados o entregados en adopciones irregulares entre los años 1970 y 1990 en Chile. Esto es según reportes de organizaciones como “Nos Buscamos” y otras iniciativas como el Proyecto ADN Chile.

Muchos de estos niños fueron enviados a Suecia, Italia, Estados Unidos, Alemania y Canadá, bajo procesos gestionados por funcionarios del Estado, médicos y agentes de intermediación que operaban en la sombra de instituciones públicas.

Aunque en 2018 el gobierno chileno inició investigaciones a través del Ministerio de Justicia, solo una pequeña fracción de estos casos ha sido judicializada. Existen múltiples causas abiertas, pero pocas condenas y escasas reparaciones a las víctimas.

Llamado a otras madres: “La tecnología puede hacer milagros”

El caso de María Verónica Soto se suma a otros recientes reencuentros. Han sido posibles gracias al cruce de información genética y el trabajo de organizaciones sin fines de lucro.

La madre chilena ahora se convierte en vocera de esperanza para otras mujeres que aún buscan a sus hijos desaparecidos:

“Toquen puertas, ahora sí nos escuchan. La tecnología puede hacer milagros. Si yo encontré a mis hijas, otras también pueden”, declaró en su mensaje final.

Actualmente, “Nos Buscamos” continúa ofreciendo pruebas gratuitas de ADN a familias que sospechan haber sido víctimas de adopciones forzadas o ilegales.