El Ejército de Estados Unidos informó que tres presuntos narcotraficantes murieron el sábado 30 de mayo de 2026 en un nuevo ataque contra una narcolancha que navegaba por el Pacífico oriental, como parte de una operación militar dirigida contra embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas en la región.
De acuerdo con el Mando Sur de Estados Unidos, la embarcación transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y, según la versión oficial, participaba en una operación de traslado de drogas. La institución militar indicó que los tres fallecidos eran hombres y los describió como "narcoterroristas".
El ataque se produjo un día después de otro operativo en el Pacífico colombiano, donde murieron dos personas. Con este nuevo caso, medios internacionales reportan que la campaña militar estadounidense contra presuntas narcolanchas acumula más de 200 fallecidos desde su inicio, hace aproximadamente ocho meses.
Operación militar en aguas del Pacífico
La ofensiva forma parte de la denominada Operación Lanza del Sur, una iniciativa militar de Estados Unidos contra organizaciones criminales designadas por Washington como grupos terroristas vinculados al narcotráfico. La operación se ha concentrado en zonas marítimas del Caribe y del Pacífico oriental.
El Gobierno estadounidense sostiene que estos ataques buscan interrumpir rutas de tráfico de drogas hacia Norteamérica. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han divulgado públicamente los nombres de las personas fallecidas ni pruebas detalladas sobre cada embarcación atacada.
El Mando Sur ha informado en varios comunicados que las embarcaciones objetivo transitaban por corredores usados para el narcotráfico. También ha señalado que no se han registrado bajas entre militares estadounidenses durante estas operaciones.
Cuestionamientos de derechos humanos
Organizaciones de derechos humanos han cuestionado la legalidad de los ataques. Amnistía Internacional ha señalado que Estados Unidos no ha presentado pruebas públicas suficientes sobre los presuntos delitos de las víctimas y ha calificado la campaña como una posible serie de ejecuciones extrajudiciales.
La organización también sostuvo que los sospechosos de delitos deben ser procesados por vías judiciales y que el uso de fuerza letal solo puede justificarse bajo estándares estrictos del derecho internacional, especialmente cuando exista una amenaza inminente contra la vida.
El debate sobre la operación continúa mientras Estados Unidos defiende su estrategia militar contra redes de narcotráfico y organizaciones de derechos humanos exigen transparencia, identificación de víctimas y revisión legal de los ataques.
