La jueza canadiense Kimberly Prost pasó años dedicando su carrera a perseguir a responsables de genocidios, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Por eso, cuando descubrió que el Gobierno de Donald Trump había impuesto sanciones en su contra, sintió incredulidad.
Su nombre apareció en listas similares a las que incluyen terroristas y miembros del crimen organizado. "No me lo creía", confesó después.
Lo que parecía una medida política terminó convirtiéndose en un problema personal y cotidiano. Prost perdió el acceso a sus tarjetas de crédito, vio canceladas sus cuentas de Amazon y Google, y comenzó a experimentar las limitaciones que enfrentan quienes son objeto de sanciones internacionales.
Para ella, no se trata de un gesto simbólico, sino de un ataque directo contra la Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal con sede en La Haya encargado de juzgar los delitos más graves que afectan a la humanidad.
Un castigo que va más allá de la política
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la relación entre Washington y la CPI se ha deteriorado aún más. El Gobierno estadounidense ha sancionado hasta a once funcionarios del tribunal, incluidos jueces y fiscales.
Las medidas les impiden viajar a Estados Unidos y amenazan con multas o procesos judiciales a las empresas estadounidenses que mantengan vínculos comerciales con ellos.
La administración Trump justificó estas acciones argumentando que la CPI realiza "acciones ilegítimas y sin fundamento" contra Estados Unidos e Israel, uno de sus principales aliados.
El trasfondo de las sanciones está relacionado con investigaciones abiertas por el tribunal sobre posibles crímenes cometidos por autoridades estadounidenses y por funcionarios israelíes. Ni Estados Unidos ni Israel forman parte del Estatuto de Roma, el tratado que dio origen a la CPI.
La reacción internacional no tardó en llegar. Más de 70 países, entre ellos Canadá, Brasil, Dinamarca, México y Nigeria, respaldaron públicamente al tribunal y alertaron sobre el riesgo de debilitar el derecho internacional.
Para esos gobiernos, las sanciones aumentan la posibilidad de impunidad frente a crímenes graves y ponen en peligro la capacidad de la justicia internacional para actuar con independencia.
Pero más allá del debate diplomático, las consecuencias han golpeado directamente la vida de los magistrados. Prost, que antes trabajó en programas de sanciones de Naciones Unidas, asegura que nunca imaginó el alcance real de este tipo de medidas.
Actividades cotidianas como reservar un hotel, comprar un boleto de avión o pedir un taxi se volvieron un desafío. Cada transferencia bancaria se convirtió en una incertidumbre.
Familias afectadas y cuentas bloqueadas
La jueza peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza conoce bien esa presión. En diciembre pasado, Rusia la condenó en ausencia junto a otros magistrados de la CPI tras la orden de arresto emitida contra Vladímir Putin por la invasión de Ucrania.
Sin embargo, sostiene que las sanciones estadounidenses tienen un impacto mucho mayor debido al peso de Estados Unidos en el sistema financiero global.
Ibáñez relata que su banco en Países Bajos canceló su tarjeta de crédito poco después de las sanciones. Lo más duro, asegura, fue el impacto sobre su familia. Su hija perdió el visado estadounidense y también sufrió restricciones en sus cuentas digitales, pese a no tener ninguna relación con el tribunal.
Para la magistrada peruana, esta estrategia busca intimidar no solo a los jueces, sino también a su entorno familiar. "Es una clara represalia por algo que ella no ha hecho", lamentó al referirse a su hija. Según denuncia, parejas, hijos y padres de funcionarios de la CPI han quedado atrapados en la red de sanciones y restricciones. Señala un reportaje del medio digital español elDiario.
La Corte Penal Internacional nació con la misión de actuar cuando los Estados no pueden o no quieren juzgar crímenes atroces cometidos en sus territorios. Es el primer tribunal permanente e independiente creado para procesar a individuos responsables de delitos como genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad.
Por eso, las juezas afectadas consideran que el ataque va más allá de sus casos personales. Creen que lo que está en juego es la capacidad del tribunal para investigar abusos sin presiones políticas. "Estamos al servicio de la humanidad", sostiene Ibáñez. "Hacemos justicia para millones de mujeres y niños que no tienen voz".
La defensa de la justicia internacional
En medio de este panorama, algunos gobiernos europeos han comenzado a reaccionar. El presidente de España, Pedro Sánchez, pidió a la Comisión Europea proteger a los jueces y fiscales de la CPI, así como a la relatora de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, también sancionada por Estados Unidos.
Madrid solicitó activar el llamado Estatuto de Bloqueo, un mecanismo europeo diseñado para contrarrestar los efectos de sanciones extranjeras en territorio comunitario. Para Sánchez, castigar a quienes investigan violaciones de derechos humanos pone en peligro todo el sistema internacional de protección de derechos.
Pese a las presiones, las juezas aseguran que no abandonarán su trabajo. Prost insiste en que las sanciones no modificarán la manera en que el tribunal analiza los casos ni sus decisiones. "Seguiremos desempeñando nuestras funciones con independencia", afirma.
La batalla, sin embargo, ya no se libra únicamente en las salas de justicia de La Haya. También se desarrolla en bancos, plataformas digitales y oficinas migratorias, donde las sanciones transforman la vida de quienes intentan juzgar algunos de los peores crímenes del mundo.
