El 9 de septiembre de 2024, la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, detonó una guerra abierta entre sus herederos —conocidos como La Mayiza— y Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La violencia resultante ha dejado, en un año, 1.850 homicidios violentos y 1.804 personas desaparecidas, según cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

La confrontación ha trastocado todos los aspectos de la vida en la entidad. Culiacán, en particular, se ha convertido en epicentro de ataques armados, desplazamientos forzados y restricciones a la movilidad nocturna. El miedo es constante entre la población.

Además de los civiles, 46 elementos de seguridad pública han perdido la vida en el mismo periodo, 33 de ellos en Culiacán, lo que representa uno de los peores años para las corporaciones de seguridad estatales y federales en la región.

Impacto económico: pérdidas millonarias y cierres masivos

El conflicto ha tenido consecuencias económicas de gran escala, afectando sectores como agricultura, comercio, turismo, gastronomía y educación privada. En total, más de 35 mil empleos formales se han perdido. Al menos 2.800 negocios han cerrado, incluidos 75 restaurantes solo en Culiacán. Los empresarios denuncian extorsiones, robos y ataques directos a sus establecimientos.

Pese a los esfuerzos de las autoridades por reactivar zonas comerciales emblemáticas como el Paseo del Ángel, la falta de seguridad ha impedido el retorno de la vida nocturna. “No se puede hablar de recuperación con miedo generalizado”, señala Óscar Sánchez Beltrán, coordinador del Frente del Primer Cuadro de Culiacán.

Despojos y miedo persistente

El patrimonio de miles de personas también ha sido afectado. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, 7.810 vehículos han sido robados de forma violenta desde septiembre de 2024. Las autoridades han registrado múltiples enfrentamientos armados no solo en ciudades como Culiacán y Mazatlán, sino también en comunidades rurales, provocando el desplazamiento forzado de familias enteras.

Educación bajo amenaza: escuelas en estado de alerta

La violencia también ha transformado la vida de niños y jóvenes. Desde educación básica hasta nivel superior, los estudiantes han tenido que adaptarse a protocolos de seguridad, clases intermitentes y esquemas híbridos.

Luis Alfonso, alumno de secundaria en la colonia Rosales, relata cómo tuvo que lanzarse al suelo junto a sus compañeros durante una balacera cercana. “Pensamos que iban a entrar a la escuela a rematar a alguien”, recuerda. Lucía, estudiante de Medicina, dice que su calendario académico cambia según los hechos violentos. “Me adapto a clases presenciales o en línea, dependiendo del riesgo”.

Respuesta oficial: despliegue militar y operativos constantes

En respuesta a la crisis, el Gobierno Federal ha concentrado en Sinaloa a más de 14.000 elementos de seguridad, incluyendo Guardia Nacional, Marina, Fuerzas Especiales y unidades de inteligencia. Esta intervención ha sido coordinada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante el último año se han logrado 1.615 detenciones por delitos de alto impacto, el aseguramiento de más de 3,000 armas de fuego, y la incautación de 64 toneladas de droga, incluyendo 1.8 millones de pastillas de fentanilo. También se desmantelaron 105 laboratorios de metanfetamina. Aun con estos avances, junio de 2025 fue el mes más violento en Sinaloa en una década: 219 homicidios, incluyendo 30 asesinatos en un solo día.

Uno de los aspectos de la ola de ejecuciones es la inclusión de figuras públicas dentro de la lista de víctimas, fenómeno que marcó un cambio en los patrones de violencia tradicionales. Al menos seis creadores de contenido, músicos y personalidades de redes sociales han caído asesinados tras haber sido ventilados en volantes en Culiacán, señalados explícitamente por su presunta colaboración con Los Chapitos.

El reto de recuperar la normalidad

Aunque las autoridades insisten en que los operativos están reduciendo los delitos de alto impacto, las cifras reflejan que la violencia persiste y la población vive con temor. Los negocios no reabren, las actividades culturales y sociales se suspenden, y la vida nocturna sigue paralizada.

El reto para el gobierno estatal y federal no solo es frenar la escalada criminal, sino restaurar la confianza ciudadana, garantizar el retorno a la normalidad y generar condiciones de seguridad sostenibles. La guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa ha dejado una huella profunda en la estructura social, económica y cultural del estado. Y a un año de su inicio, no hay señales claras de que el conflicto esté cerca de concluir. (10).