Bernardo Arévalo de León, presidente de Guatemala, decretó este domingo un estado de sitio por 30 días en todo el territorio nacional. Aquello en respuesta a una escalada de violencia atribuida a pandillas, que incluyó motines en cárceles y ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). esta situación de violencia ha dejado hasta el momento ocho policías muertos y varios heridos.
La medida busca restablecer el orden y combatir la criminalidad organizada mediante el uso de toda la fuerza del Estado. Los disturbios iniciaron el sábado 17 de enero con motines en al menos tres centros penitenciarios: Fraijanes II, Renovación I y el Sector 11 del Centro Preventivo en la zona 18 de la capital. Miembros de la pandilla Barrio 18, designada como grupo terrorista por Estados Unidos, tomaron el control de estas instalaciones.
Guatemala en crisis por la violencia e inseguridad
Por estos motines se han retenido a 37 personas, entre guardias penitenciarios y un psicólogo. Las autoridades reportaron la neutralización del líder de la banda, Aldo Duppie Ochoa, alias El Lobo, durante operativos para recuperar las prisiones. En represalia a estos esfuerzos por retomar el control, presuntos pandilleros ejecutaron ataques contra fuerzas de seguridad este domingo en distintos puntos de la capital y otras áreas.
Según informes oficiales, ocho agentes de la PNC fueron asesinados, diez resultaron heridos, un pandillero falleció y siete fueron capturados. El Ministerio de Gobernación confirmó que, al final de la jornada, se había recuperado el control total de las cárceles y liberado a todos los rehenes, sin reportes adicionales de víctimas civiles. El decreto de estado de sitio, se activa ante amenazas como actividades terroristas.
Operativos exitosos contra líderes criminales
Durante este período, el presidente asume el rol de Comandante General del Ejército, delegando la ejecución al ministro de Defensa Nacional. La restricción se enfoca en combatir maras, pandillas y estructuras criminales, permitiendo operativos conjuntos de la PNC y el Ejército sin suspender servicios públicos esenciales ni la administración nacional.
En cadena nacional, Arévalo de León enfatizó que la medida garantiza "la protección y seguridad de los ciudadanos" y permite "poner de rodillas" a los grupos delictivos mediante acciones legales y con "la espada de la justicia". Fuentes gubernamentales de Guatemala indicaron que los motines respondieron a operativos exitosos contra líderes criminales. Esto en un contexto de esfuerzos por recuperar instituciones capturadas por el crimen organizado.
El estado podría intensificar operativos
Guatemala enfrenta desde hace décadas desafíos con pandillas como Barrio 18 y Mara Salvatrucha, originadas en Estados Unidos y extendidas en Centroamérica, involucradas en extorsiones, narcotráfico y violencia urbana. Según datos del Ministerio de Gobernación, en 2025 se registraron más de 4 mil homicidios vinculados a estas estructuras, con un aumento en disputas territoriales.
El estado de sitio anterior, en 2023, se limitó a regiones específicas por conflictos similares. Expertos en seguridad señalan que esta declaración nacional, la primera en más de una década, podría intensificar operativos, pero también plantea riesgos a derechos humanos, aunque el gobierno asegura respeto al marco legal. Hasta el momento, no se reportan extensiones ni reacciones internacionales oficiales.
