El Gobierno de Perú declaró oficialmente la emergencia sanitaria por un periodo de 90 días calendario en Lima Metropolitana, el Callao y otras 12 regiones del país, debido a un brote confirmado de sarampión con transmisión local en la región de Puno. La medida, dictada ante el inminente riesgo de expansión nacional del virus, busca implementar acciones inmediatas de control epidemiológico para frenar el avance de esta enfermedad altamente contagiosa entre los sectores más vulnerables de la población.
La disposición fue formalizada a través del Decreto Supremo Nº 008-2026-SA, publicado en el diario oficial El Peruano. Esta normativa responde directamente a un escenario crítico caracterizado por las bajas coberturas de inmunización registradas en los últimos años, lo que ha generado una acumulación considerable de ciudadanos susceptibles a contraer la afección y eleva la probabilidad de una dispersión acelerada a nivel nacional.
Antecedentes epidemiológicos y zonas afectadas
La declaratoria técnica se fundamenta en los reportes emitidos por el Ministerio de Salud de Perú (Minsa), los cuales toman como base la Alerta Epidemiológica AE-CDC-Nº005-2025. Dicho documento de control, expedido originalmente el pasado 7 de abril, advirtió sobre la detección de los primeros casos autóctonos en Puno, encendiendo las alarmas sobre la facilidad de movilización de la patología hacia los principales centros urbanos del territorio nacional.
Con la entrada en vigencia del estado de emergencia en Perú, las redes de salud públicas y privadas quedan obligadas a intensificar de forma prioritaria la vigilancia epidemiológica. Asimismo, las disposiciones gubernamentales ordenan acelerar el cierre de brechas de vacunación mediante brigadas móviles y campañas de promoción masiva orientadas a concientizar a la ciudadanía sobre los riesgos asociados a la falta de inmunización oportuna.
Financiamiento y adquisición de recursos médicos
El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades identificó que el principal peligro radica en el desabastecimiento histórico de esquemas de vacunación completos en determinados grupos etarios. Esta vulnerabilidad interna en Perú se ve agravada por la presencia de brotes activos de la enfermedad en diversos países fronterizos de la región, lo que incrementa el riesgo de importación de nuevas cadenas de contagio.
Para garantizar una respuesta ágil, el decreto faculta la contratación inmediata de bienes y servicios destinados de forma exclusiva a mitigar la crisis sanitaria, financiados con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas. Al concluir el periodo de 90 días, las instituciones responsables de la ejecución de los fondos deberán presentar un informe detallado que rinda cuentas sobre las actividades médicas y los recursos económicos empleados.
