La Fiscalía Nacional Financiera de Francia confirmó la apertura de una instrucción judicial contra el exprimer ministro y también candidato presidencial Édouard Philippe por presunta corrupción. El actual candidato presidencial y alcalde de Le Havre afronta cargos por malversación, favoritismo, acoso moral, cohecho y conflicto de intereses.
El origen de la denuncia judicial
Una exfuncionaria municipal franco-alemana presentó la acusación inicial durante el año 2023 tras detectar irregularidades administrativas en su departamento. La demandante coordinaba el proyecto tecnológico Ciudad Digital, una iniciativa pública que recibió un millón de euros en subvenciones estatales.
La exempleada reportó un volumen injustificado de personal contratado y denunció una gestión absolutamente opaca de los fondos públicos asignados. Las autoridades judiciales unificaron estas sospechas en una querella formal con constitución de parte civil en junio del año pasado.
Implicados en el Ayuntamiento de Le Havre
La investigación penal incluye también a Stéphanie de Bazelaire, actual subdirectora de innovación y tecnología digital del municipio francés. Claire-Sophie Tasias, directora general de servicios de la mancomunidad Le Havre Seine Métropole, consta igualmente como investigada dentro del expediente.
El documento judicial vincula directamente a las funcionarias con decisiones financieras sospechosas dentro de la administración dirigida por Philippe. La presidenta del proyecto LH French Tech ejerce simultáneamente como concejala comunitaria, configurando el presunto delito de conflicto de intereses.
El avance de la instrucción penal
La Dirección Territorial de la Policía Judicial de Rouen asumió las primeras diligencias operativas junto a las unidades anticorrupción francesas. Los magistrados ordenaron formalmente la apertura de la instrucción judicial el pasado siete de mayo mediante los autos correspondientes.
El exjefe de Gobierno mantiene su campaña hacia el Elíseo mientras los tribunales de París examinan los documentos financieros incriminatorios. El proceso legal determinará las responsabilidades de los tres funcionarios públicos en el supuesto desvío de los recursos estatales.
