El Gobierno de Chile, liderado por José Antonio Kast, anunció el despliegue de funcionarios para fiscalizar empresas que contraten migrantes en situación irregular, como parte de una estrategia para reforzar el cumplimiento de la normativa migratoria y laboral, en medio de cambios en las políticas sobre ingreso y permanencia de extranjeros en el país.
Fiscalización en empresas y enfoque disuasivo
El director del Servicio Nacional de Migraciones de Chile, Frank Sauerbaum, informó que la medida contempla la presencia de funcionarios en empresas donde se detecte una mayor recurrencia de contratación de personas en situación irregular. Según explicó, el objetivo principal es generar un efecto disuasorio más que aplicar sanciones inmediatas.
Sauerbaum señaló que estas acciones no buscan constituir una "caza de brujas", sino fortalecer el cumplimiento de la ley de migraciones, especialmente en sectores donde se presume que existe contratación informal de trabajadores extranjeros.
El funcionario también indicó que, en la actualidad, el ingreso irregular al país está tipificado como una falta administrativa y no como delito, lo que limita el alcance de ciertas acciones legales contra quienes ingresan sin cumplir los requisitos establecidos.
Diferencias entre control laboral y migratorio
Uno de los puntos destacados por las autoridades es la diferencia entre la fiscalización laboral y la migratoria. Según Sauerbaum, las empresas pueden cumplir con la normativa laboral vigente, pero no necesariamente con las disposiciones migratorias.
Explicó que la inspección del trabajo no suele verificar la situación migratoria de los empleados, lo que genera un vacío en el control integral de la legalidad de la contratación.
Este escenario ha sido identificado como un factor que facilita la presencia de trabajadores en situación irregular dentro del mercado laboral, especialmente en determinados sectores económicos.
Suspensión de proceso de regularización
El director del organismo también se refirió a un decreto preparado durante el gobierno de Gabriel Boric, el cual buscaba regularizar a aproximadamente 182.000 personas que habían ingresado de manera irregular y se encontraban empadronadas.
Sin embargo, la actual administración decidió paralizar la implementación de esta medida. De acuerdo con la información entregada, dentro de ese grupo existían alrededor de 6.000 personas con antecedentes judiciales o procesos pendientes.
Las autoridades indicaron que la propuesta no avanzó debido al rechazo ciudadano registrado en ese momento, lo que influyó en la decisión de no continuar con su ejecución.
Medidas anunciadas en política migratoria
Durante su campaña, el presidente Kast planteó la expulsión de migrantes en situación irregular y el fortalecimiento de las sanciones contra quienes faciliten el ingreso ilegal al país. Estas propuestas forman parte de una política migratoria más restrictiva.
Asimismo, el Ejecutivo ha planteado la posibilidad de convertir el ingreso irregular en un delito, lo que implicaría cambios en la legislación vigente y mayores consecuencias legales para quienes ingresen sin autorización.
En paralelo, se han iniciado acciones en zonas fronterizas del norte del país, particularmente en la región de Arica, donde se ejecutan obras para la instalación de barreras físicas destinadas a controlar el ingreso irregular.
Contexto migratorio en Chile
Las cifras oficiales señalan que en Chile existen cientos de miles de migrantes en situación irregular, muchos de ellos provenientes de países de la región. Este fenómeno ha generado debate en torno a las políticas públicas necesarias para abordar la migración.
Las autoridades han enfatizado la necesidad de equilibrar el control fronterizo con el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la normativa vigente.
En este contexto, las nuevas medidas buscan reforzar la supervisión interna, particularmente en el ámbito laboral, como parte de una estrategia integral de control migratorio.
