El fútbol no es el único escenario donde una tarjeta amarilla genera tensión. En el mundo de la pesca, este aviso puede significar millones de dólares en riesgo, mercados cerrados y la reputación de un país bajo la lupa. Ecuador lo sabe bien.

Desde octubre de 2019, la Unión Europea (UE) levantó la tarjeta amarilla al atún ecuatoriano como advertencia por deficiencias en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Lo que debía ser un llamado de atención de seis meses se ha extendido, contra todo pronóstico, por casi siete años.

Las razones de las sanciones

El origen del problema estuvo en los puertos. Según explicó en su momento Ignacio Fresco Vancini, de una organización internacional de protección de los océanos, se detectaron graves inconsistencias: se desembarcaban 100 toneladas de pescado, pero se exportaban y certificaban 150. La mezcla de producto legal con ilegal, la falta de controles en los desembarcos y una legislación obsoleta encendieron las alarmas en Bruselas, sede de la UE. Ecuador, uno de los principales exportadores de atún enlatado hacia la UE, quedó bajo observación.

La tarjeta amarilla no es una sanción definitiva, pero sí una advertencia seria. Significa que la UE encontró fallos estructurales: un marco legal desactualizado, poco disuasorio, y un sistema de control débil, especialmente en la pesca del atún y en las plantas procesadoras. Todo esto afectaba la capacidad de demostrar el origen legal del pescado que llega a los mercados europeos.

La tarjeta amarilla y lo que se ha hecho

Desde entonces, el país emprendió una carrera contrarreloj. Se establecieron 67 reformas como hoja de ruta. Para 2021, Ecuador había avanzado cerca del 60 %, pero el levantamiento de la tarjeta siguió postergándose. Se anunciaron fechas, se renovaron compromisos, pero la advertencia permaneció. Mientras tanto, el sector pesquero aprendió a trabajar con la presión constante de una posible sanción mayor.

Hoy, sin embargo, el panorama parece cambiar. El Gobierno anunció una reunión clave con autoridades europeas entre el 21 y 22 de enero en Bruselas. El tema fue tratado el martes en Manta, durante un encuentro entre la ministra de Gobierno, Nathaly Morillo, y representantes de los sectores productivos. No fue una cita menor: Manta es el corazón atunero del país y uno de los puertos más importantes del Pacífico oriental.

Las autoridades defienden los avances. La viceministra de Acuacultura y Pesca, Ivanova Cereceda, asegura que Ecuador cuenta ahora con un marco legal, sustentado en la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, vigente desde 2020, su reglamento, un sistema de trazabilidad robusto y un esquema sancionatorio fortalecido. Incluso destaca un reconocimiento de la FAO, que sitúa al país como referente mundial en trazabilidad pesquera.

Una palabra es clave: trazabilidad. Significa rastrear y documentar todo el viaje del atún, desde su captura en el mar hasta que llega al consumidor, registrando detalles como la fecha y el lugar de pesca, el método usado y su manejo, para garantizar transparencia, combatir la pesca ilegal, asegurar la calidad y promover la sostenibilidad.

El 31 % de la producción nacional se exporta y el 62 % del atún ecuatoriano tiene como destino la Unión Europea. Manta no solo vive del mar: respira atún, empleo, industria y encadenamientos productivos que sostienen a miles de familias.

La ley y las exigencias

Desde la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (Ceipa), su directora ejecutiva, Mónica Maldonado, ha explicado que una de las principales exigencias de la UE fue actualizar la ley y controlar tanto la pesca nacional como la importación de materia prima.

Hoy, las fábricas deben rastrear el recorrido de los barcos extranjeros hasta seis meses antes, mediante monitoreo satelital. La capacidad instalada del país alcanza las 500.000 toneladas, mientras que la captura nacional cubre alrededor de la mitad; el resto se completa con importaciones estrictamente controladas.

¿Qué falta entonces? Demostrar, con hechos y datos, que la institucionalidad funciona y que la trazabilidad es efectiva. Ecuador asegura estar alineado con la “transformación azul” impulsada por la FAO, que integra producción, nutrición, cuidado ambiental y bienestar social.