El Sindicato de Trabajadores del Gobierno Provincial de Manabí declaró sesión permanente y anunció el inicio de un ayuno permanente e indefinido como medida de presión ante el presunto incumplimiento de una sentencia relacionada con la igualdad de remuneración para conductores de la institución.
Anuncian ayuno indefinido y reclamo por igualdad salarial
Fernando Rivadeneira, secretario general del sindicato, explicó que la decisión fue adoptada durante una asamblea extraordinaria luego de que, según indicó, la parte empleadora no cumpliera con lo dispuesto en el artículo 22 del contrato colectivo, referente a la igualdad de remuneración.
"Se ha resuelto la declaratoria de sesión permanente y la declaratoria de ayuno permanente indefinido", señaló.
De acuerdo con Rivadeneira, el Ministerio del Trabajo emitió un mandamiento de ejecución el pasado 2 de abril, otorgando un plazo de ocho días al Gobierno Provincial de Manabí para cumplir con la disposición. Sin embargo, aseguró que hasta la fecha no se ha concretado el pago ordenado.
Una deuda que se arrastra desde 2016
El dirigente sindical manifestó que la situación afecta a 98 trabajadores, entre conductores de vehículos pesados y livianos, quienes reclaman diferencias salariales.
"Hay conductores que ganan más que otros conductores, por eso apelamos a la igualdad de remuneración. Aquí hay conductores que están por encima de los demás compañeros y eso es un incumplimiento a nuestro contrato colectivo", afirmó.
Según el representante sindical, la problemática se arrastra desde 2016 y la deuda acumulada ascendería a aproximadamente 2,2 millones de dólares. Añadió que el mandamiento de ejecución establecía el pago a los trabajadores involucrados dentro del plazo fijado por la autoridad laboral.
Rivadeneira advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo, se mantendrá la huelga de hambre de manera indefinida. "Cuánto tiempo estarán así, solo Dios lo sabe", expresó.
Sentencia ejecutada
Por su parte, Eduardo Moreira, abogado del sindicato de trabajadores de Manabí , indicó que el proceso judicial se remonta a 2023 y que ya cuenta con sentencias de primera y segunda instancia ratificadas por el tribunal competente.
"Se tiene que dar fiel cumplimiento a lo resuelto por el tribunal para resolver este tipo de conflictos laborales entre el empleador y el sindicato", sostuvo.
El jurista aseguró que la sentencia ya no admite apelación y señaló que, aunque la Prefectura habría aceptado el fallo, aún no se concretan los acuerdos para ejecutar el pago correspondiente.
"Están reacios en sentarse a dialogar para proceder al pago y, en caso de que persista esta situación, habrá sanciones pecuniarias y desacato con una multa de 20 salarios básicos unificados", indicó.
Este medio de comunicación buscó la versión de la Prefectura de Manabí para conocer su posición respecto al caso, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.
