Más de $363 millones se usaron para la emergencia tras el terremoto, pero el destino de parte de esos recursos aún genera cuestionamientos.

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Entre esos dineros utilizados de la Ley de Solidaridad, constan para las demoliciones de edificaciones, cuyo monto superó los 109,2 millones de dólares. También se asignaron recursos para bonos de acogida y de alquiler, así como para proyectos de atención en albergues, infraestructura temporal y otros servicios que se implementaron durante la etapa posterior al terremoto.

Entre los gastos registrados también figuran 9,8 millones de dólares destinados al mantenimiento y kits de repuestos para aeronaves del Ministerio de Defensa, así como 302.622 dólares para el mantenimiento de una avioneta Cessna 172 perteneciente a la Fuerza Terrestre.

Recaudación de dinero para emergencias del terremoto

Según informes de la Secretaría de la Reconstrucción, los más de $363 millones para atender la emergencia, se distribuyeron en 591 proyectos.

Entre esas acciones constan la atención de albergues, la construcción de infraestructura educativa, la instalación de unidades educativas provisionales, así como la alimentación del personal en las zonas de desastre.

Los recursos también se utilizaron para reparaciones del sistema eléctrico, rehabilitación de centros de salud, mantenimiento de vehículos y mantenimiento de albergues, incluso hasta para un plan de reforestación.

Según  un informe del Servicio de Rentas Internas (SRI), hasta mayo del 2018 se recaudaron 2.955 millones de dólares a través de la Ley de Solidaridad. De ese monto,  2.179 millones se destinaron a reconstrucción, 363 millones a la emergencia y 413 millones a la reactivación productiva. Esos recursos fueron asignados a más de 30 instituciones públicas (ver recuadro).

ENTIDAD EJECUTORA MONTO
1 MIDUVI $ 516'436.164,60
2 MTOP $ 509'200.859,45
3 Ecuador Estratégico $ 478'640.448,59
4 SECOB $ 389'911.544,02
5 Banca Pública $ 248'046.378,95
6 GAD's $ 183'800.836,65
7 Ministerio de Educación $ 147'214.442,59
8 Ministerio de Energía $ 137'151.465,66
9 Provedores $ 60'603.114,59
10 MIES $ 46'563.280,33
11 Ministerio del Interior $ 31'489.245,91
12 Ministerio de Defensa $ 24'546.616,01
13 Ministerio de Salud $ 23'917.692,84
14 Ministerio de Justicia $ 19'541.146,31
15 ECU 911 $ 11'727.166,99
16 Senagua $ 7'187.785,01
17 M. de Agua y Ambiente $ 5'650.000,00
18 Secretaría de Riesgo $ 4'986.663,31
19 M. Coordinador de Seguridad $ 4'913.624,16
20 Policía Nacional $ 4'148.285,21
21 Empresa Pública del Agua $ 2'097.163,22
22 Min. de Turismo $ 1'180.512,00
23 Min. de Deportes $ 600.000,00
24 Registro Civil $ 424.942,07
25 CONADIS $ 256.140,27
26 Secretaría Técnica $ 157.268,02
27 INPC $ 157.000,00
28 Inamhi $ 39.999,18
29 Servicio Nacional de Aduana $ 14.928,00
Total $ 2.933'393.428,81

Cuestionamientos al uso de recursos

El exasambleísta, Guillermo Celi, señaló que parte de los procesos vinculados al manejo de los recursos del terremoto fueron revisados dentro de labores de fiscalización legislativa.

"Fueron producto de la sentencia del exvicepresidente Jorge Glas y del exsecretario de la reconstrucción, Carlos Bernal, porque los fondos de la reconstrucción que eran para las casas y para la reactivación económica, se usaron en cosas que nada tenían que ver", afirmó.

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Detalle de los recursos utilizados durante la emergencia. - El Diario

El exlegislador indicó que se detectaron irregularidades en la forma en que se registraron algunos trabajos realizados con maquinaria pesada en las zonas afectadas por el terremoto. "Se detectó que pagaron por horas máquina, cuando tenía que ser por metros cúbicos desalojados", dijo.

Celi añadió que una de las acciones impulsadas fue la revisión de los pagos realizados por viviendas construidas para damnificados tras el terremoto. "Logramos que le devuelvan a las personas más humildes, para que las casas sean realmente donadas", sostuvo, al señalar que esos proyectos se financiaron con donaciones y recursos de la Ley de Solidaridad.

Escuálidos procesos de control

Patricio García, coordinador de la Comisión Anticorrupción, capítulo Manabí, cuestionó el alcance de los procesos de control realizados sobre los recursos de la reconstrucción.

"La Contraloría apenas ha podido auditar el 15 % de ese volumen de dinero", manifestó García al referirse al seguimiento de los recursos destinados tras el terremoto.

Indicó que los procesos de investigación sobre el manejo de esos fondos no avanzaron en la medida esperada. "La fiscalía no ha querido actuar porque debería haber abierto más investigaciones para seguir la ruta del dinero", sostuvo.