Este 20 de febrero, durante el Día del Abogado en Ecuador, Tito Mendoza Guillén, presidente del Colegio de Abogados de Manabí, evaluó en Portoviejo la crisis institucional del sistema de justicia, las presiones a operadores judiciales y las reformas que, desde el gremio, consideran necesarias para recuperar la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.
Crisis institucional y desconfianza ciudadana
¿Cómo describe la situación actual de la justicia en el país?
Mendoza afirmó que Ecuador atraviesa una crisis no solo en la justicia, sino en distintas instituciones del Estado. Señaló que la ciudadanía ha perdido confianza en entidades como la Función Judicial, la Asamblea Nacional, el Ejecutivo y organismos de control, lo que —según indicó— debilita la institucionalidad y afecta la seguridad jurídica.
Sostuvo que el problema no es reciente, sino acumulado durante años e incluso décadas. A su criterio, la falta de credibilidad institucional incide directamente en la percepción y funcionamiento del sistema judicial.
Añadió que, sin una institucionalidad sólida, no puede existir seguridad jurídica efectiva, elemento que consideró clave para el ordenamiento jurídico y el desarrollo del país.
Infraestructura, falta de jueces y lentitud procesal
¿La crisis es coyuntural o estructural?
"El problema es estructural y también coyuntural", explicó. Detalló deficiencias tanto en infraestructura como en gestión jurisdiccional. Indicó que en varias dependencias judiciales existen limitaciones de espacio, materiales e insumos básicos, lo que impacta en el servicio.
Como ejemplo, mencionó que el edificio del Palacio de Justicia de Portoviejo, afectado tras el terremoto de 2016, aún no concluye su proceso integral de reconstrucción. Según señaló, ni siquiera se han completado los estudios finales para ejecutar la fase pendiente.
En el ámbito jurisdiccional, sostuvo que hay carencia de jueces y operadores de justicia, lo que genera retrasos, suspensión de audiencias y sobrecarga laboral. Esta situación —dijo— provoca una administración de justicia lenta y poco oportuna.
Amenazas, crimen organizado e independencia judicial
¿Existen precedentes de presiones o amenazas contra operadores judiciales?
Mendoza afirmó que las presiones no son nuevas. Explicó que en procedimientos como allanamientos, los fiscales deben identificarse públicamente, lo que los expone, mientras que otros funcionarios actúan protegidos. Añadió que jueces que conocen esos casos también deben actuar de manera visible, lo que incrementa su vulnerabilidad.
Indicó que existen antecedentes de fiscales, jueces y abogados asesinados en contextos vinculados al crimen organizado. A su criterio, esta realidad evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección e independencia.
Señaló que la independencia judicial no solo debe entenderse frente a amenazas externas, sino también frente a presiones políticas. Manifestó que, históricamente, la justicia ha sido utilizada tanto para dejar delitos en la impunidad como para perseguir adversarios políticos.
Consejo de la Judicatura y responsabilidades
¿Fue suficiente la censura política en casos recientes?
El presidente del gremio consideró que las sanciones en el ámbito político no son suficientes cuando existen presuntas irregularidades. Señaló que, de comprobarse actos de corrupción, deben aplicarse las responsabilidades correspondientes conforme a la ley, incluso en el ámbito penal.
El Colegio de Abogados de Manabí, indicó, se pronunció públicamente solicitando la renuncia del entonces presidente del Consejo de la Judicatura. Subrayó que un juez debe actuar "sin temor ni favor", es decir, sin presiones administrativas, políticas o externas.
También cuestionó que la presidencia del Consejo de la Judicatura pueda recaer en personas sin formación específica en derecho. Consideró que el cargo debe ser ocupado por profesionales del derecho con trayectoria comprobada en la carrera judicial, académica o en el libre ejercicio.
Reformas constitucionales y autonomía financiera
¿Qué cambios propone el gremio?
Mendoza planteó la necesidad de reformas constitucionales y legales para precisar que quienes integren y presidan el Consejo de la Judicatura sean exclusivamente profesionales del derecho, evitando interpretaciones amplias sobre carreras "afines".
Asimismo, enfatizó que la independencia judicial debe incluir autonomía financiera. Señaló que la Función Judicial requiere presupuesto propio suficiente para cubrir infraestructura, talento humano y necesidades operativas.
Añadió que deben crearse mecanismos legales que sancionen las presiones indebidas contra jueces y operadores judiciales, no solo administrativamente, sino también en el ámbito penal, a fin de sentar precedentes.
Impacto en Manabí y trabajo gremial
¿Cómo repercute esta crisis en la provincia?
Indicó que la situación afecta a todo el país, incluido Manabí. Señaló que abogados en libre ejercicio perciben vulnerabilidad en el sistema y desconfianza en la administración de justicia, no necesariamente por falta de probidad individual, sino por el entorno institucional.
Informó que el Colegio de Abogados de Manabí trabaja junto a colectivos ciudadanos para impulsar la culminación del edificio judicial en Portoviejo, cuya recuperación —según señaló— no registra avances definitivos tras varios años.
Agregó que la incertidumbre sobre la estabilidad y duración de autoridades en el Consejo de la Judicatura también incide en la gestión institucional y en la percepción ciudadana.
Mensaje a las nuevas generaciones
¿Qué recomendación hace a los futuros abogados?
Mendoza exhortó a los estudiantes y jóvenes profesionales a ejercer con ética, buena fe y lealtad procesal. Señaló que la abogacía es una herramienta para el sustento profesional, pero debe ejercerse de manera honrada y responsable.
Indicó que el compromiso ético fortalece no solo la profesión, sino también a la sociedad. A su criterio, un abogado íntegro contribuye directamente a la construcción de ciudadanía y al fortalecimiento institucional.
El Día del Abogado se conmemora cada 20 de febrero en Ecuador. En esta fecha, gremios jurídicos analizan el estado de la Función Judicial, la independencia de los operadores de justicia y los desafíos estructurales que enfrenta el sistema en el país y en provincias como Manabí.
