El abogado manabita Henry Salín Alcíbar Zambrano presentó en 2025 una denuncia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, tras identificar presuntas irregularidades en un proceso iniciado en el año 2000 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relacionado con la muerte de un ciudadano en el cantón Tosagua.
El caso se originó en el año 2000, cuando el jurista asumió la defensa de los familiares del fallecido, quien, según el expediente, habría fallecido en circunstancias vinculadas a la actuación de miembros de la Policía en Tosagua, provincia de Manabí.
Como parte del proceso judicial, el abogado indicó que agotó todas las instancias legales disponibles dentro del país. Estas incluyeron actuaciones en tribunales locales, instancias judiciales superiores y la presentación de un recurso de amparo constitucional, mecanismo vigente en esa época.
Al no obtener una resolución favorable en el ámbito nacional, el caso fue llevado al sistema interamericano de derechos humanos, cumpliendo con el requisito de agotamiento de recursos internos, condición necesaria para su admisión en los mencionados organismos internacionales.
Trámite en el sistema interamericano
Según la información proporcionada por el abogado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tardó aproximadamente 20 años en emitir un pronunciamiento sobre el caso, determinando la existencia de presuntas vulneraciones a derechos humanos.
Posteriormente, el expediente fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, organismo encargado de emitir sentencias vinculantes dentro del sistema regional.
La resolución final fue emitida en octubre de 2024, cerrando formalmente un proceso que se extendió por más de dos décadas desde su inicio.
De acuerdo con el expediente, la Corte analizó el caso tras la recomendación de la Comisión, siguiendo el procedimiento habitual en el sistema interamericano, donde los ciudadanos no pueden acudir directamente a la instancia judicial sin la intermediación de la Comisión.
Cuestionamientos al fallo
Tras la emisión de la sentencia, el abogado Henry Salín Alcíbar presentó observaciones sobre el contenido del fallo, particularmente en lo relacionado con su participación dentro del proceso.
Entre los puntos señalados, indicó que la resolución incluyó observaciones sobre su actuación profesional, pese a que el caso fue admitido y tramitado durante años dentro del sistema interamericano.
"Acá internamente el Estado ecuatoriano es el que debe actuar. No sé si una vez que se haga público esto, iter criminis (conjunto de fases que atraviesa una persona desde que idea cometer un delito hasta su consumación), el fiscal general, ordena una investigación contra algunos funcionarios ecuatorianos que al parecer, incidieron en la resolución de la CIDH".
Salín Alcívar, abogado experto en Derechos Humanos.
Otro aspecto mencionado en la denuncia es la asignación de honorarios profesionales. Según el abogado, estos fueron otorgados a un familiar de la víctima que no formó parte del proceso judicial como representante legal.
El jurista explicó que dicha persona habría tenido participación únicamente en la documentación de los hechos, sin intervenir en la defensa legal del caso ante las instancias nacionales e internacionales.
Denuncia ante la OEA y falta de respuesta
Ante estos elementos, el abogado presentó en 2025 una denuncia ante la Organización de los Estados Americanos, entidad responsable de la designación de los miembros de la Comisión y de los jueces de la Corte Interamericana.
Según indicó, hasta la fecha de su declaración, no ha recibido una respuesta oficial por parte del organismo internacional respecto a la denuncia presentada.
El abogado también señaló que durante el proceso, que se extendió por más de 20 años, no recibió compensación económica por su trabajo y asumió gastos relacionados con la tramitación del caso, incluyendo gestiones realizadas en Washington.
Asimismo, manifestó que la denuncia busca que se revisen los procedimientos aplicados en el caso y se evalúe el funcionamiento de los mecanismos internos del sistema interamericano.
Contexto del sistema interamericano
El sistema interamericano de derechos humanos está conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismos encargados de supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados en materia de derechos humanos.
La Comisión actúa como órgano de recepción y análisis de peticiones, mientras que la Corte es la instancia judicial que emite sentencias en los casos que le son remitidos.
Uno de los requisitos fundamentales para acceder a este sistema es el agotamiento de los recursos judiciales internos en el país de origen, condición que, según el abogado, fue cumplida en este caso antes de su presentación internacional.
Impacto del caso
El abogado indicó que los hechos relacionados con este proceso han tenido un impacto en su trayectoria profesional, tras más de 40 años de ejercicio en el ámbito jurídico.
La denuncia presentada busca, según sus declaraciones, que se revisen posibles inconsistencias en el tratamiento del caso y que se garantice la correcta aplicación de los procedimientos en instancias internacionales.
Hasta el momento, no se ha informado sobre la apertura de un proceso formal de revisión ni sobre pronunciamientos adicionales por parte de los organismos involucrados.
