El 10 de junio, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 143 votos archivar el proyecto de Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales (LOPDA). Esta decisión se tomó tras señalar inconstitucionalidades y errores jurídicos, desatando diversas reacciones entre legisladores, defensores de tradiciones y organizaciones animalistas.
Reacciones al archivo de la Ley de Protección Animal
El asambleísta Edwin Jarrín, de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), manifestó su rechazo al archivo de la LOPDA. En un mensaje dirigido a productores ganaderos y representantes de tradiciones gallísticas, Jarrín afirmó haber votado en contra del archivo, defendiendo el proyecto que, según él, fue elaborado con aportes de diversos sectores. Jarrín indicó que el archivo responde a “exageraciones de ciertos animalistas” y no resuelve el vacío legal sobre tradiciones como las peleas de gallos, dejando su práctica en un limbo jurídico.
Por su parte, César Jarrín, representante legal de TRAME, una fundación que defiende la actividad gallera, enfatizó el impacto económico de las tradiciones. Mencionó que la actividad gallera sustenta a miles de personas, incluyendo trabajadores en hoteles, transporte, ventas de insumos y jueces. Resaltó que esta actividad contribuye significativamente a la economía del país. Indicó la aspiración de que su tradición de «pruebas finas» sea reconocida como un bien intangible en el futuro.
Asimismo, Víctor Negrete Castañeda, presidente de la Asociación Mundial de Criadores de Gallos de Combate (AMCGCE), apoyó la postura. Negrete argumentó que los criadores cumplen con las cinco libertades del bienestar animal establecidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). También subrayó que la prohibición de tradiciones como las peleas de gallos violaría derechos humanos reconocidos por la ONU (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948) y la OEA (Declaración Americana de los Derechos del Hombre), que protegen la cultura y tradiciones de los pueblos.
Motivos del archivo de la Ley
La legisladora Camila León, presidenta de la Comisión de Biodiversidad, presentó los argumentos para el archivo. León identificó dos inconstitucionalidades principales en el texto: la vulneración del mandato de la Consulta Popular, que asignó a la Defensoría del Pueblo la elaboración de la ley, y una regresión en los derechos animales al reducir sanciones por maltrato. Además, señaló “graves incoherencias jurídicas” y errores en la redacción que, a su juicio, generarían inseguridad jurídica.
En consecuencia, León mocionó el archivo y solicitó un informe de seguimiento en 30 días para explicar la decisión a la Corte Constitucional. La moción obtuvo 143 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones entre los 149 asambleístas presentes durante la sesión.
¿Qué buscaba el Proyecto LOPDA?
El proyecto LOPDA, impulsado por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo veterinarios, abogados y académicos, buscaba establecer un marco legal para la protección animal. Desde su primer debate en 2024, el texto enfrentó críticas. El Colectivo LOA, por ejemplo, señaló que no reflejaba los derechos reconocidos por la Corte Constitucional. Sin embargo, la Comisión de Biodiversidad defendió el proyecto como un avance hacia una legislación equitativa.
Además, el archivo de la LOPDA ocurre en un contexto de recientes operativos contra el maltrato animal en Quito. En la última semana, 13 animales fueron rescatados de la venta ilegal, y las autoridades recordaron que el hacinamiento es sancionable con multas. Estos hechos reflejan la necesidad de una legislación clara, un objetivo que el archivo de la LOPDA posterga.
Implicaciones y posturas sobre el proyecto de Ley de Protección Animal
Organizaciones como ASOGAPI, liderada por Felipe Chiriboga, la Federación de Ecuador, presidida por Guillermo Lomas, y TRAME convocaron a sus bases para apoyar la defensa de las tradiciones en la Asamblea el 10 de junio. Estas asociaciones argumentan que la prohibición de actividades como las peleas de gallos afectaría la biodiversidad, al dejar sin destino a millones de animales criados para estas prácticas, y violaría derechos como el trabajo, la libre empresa y el disfrute del tiempo libre.
Por otro lado, Negrete enfatizó la falta de un análisis médico-científico en los proyectos de prohibición. Según él, los criadores cumplen con estándares internacionales de bienestar animal, y cualquier restricción debería basarse en evidencia científica. También advirtió que el archivo no resuelve el conflicto, ya que las tradiciones siguen sin regulación clara.
Tras el archivo, la Asamblea debe presentar un informe a la Corte Constitucional dentro del plazo establecido. Este documento explicará las razones del archivo, incluyendo las inconstitucionalidades señaladas. Mientras tanto, el debate sobre la protección animal y las tradiciones culturales permanece abierto, con sectores enfrentados y sin un marco legal definido (21).
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