Un total de 300 funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y sus unidades de negocio fueron desvinculados. Así lo dio a conocer la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, durante la mañana de este viernes 08 de agosto de 2025. Dicha medida responde a dos motivos principales: presuntas irregularidades en los contratos con la empresa estadounidense Progen y la búsqueda de eficiencia administrativa.

En una entrevista en KCH Radio, Manzano detalló que la salida de estos empleados forma parte de un proceso iniciado el 24 de julio, cuando el Gobierno anunció la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos a nivel nacional. En el caso de CELEC, las desvinculaciones incluyen a personas vinculadas al Caso Apagón y a otras áreas donde se identificaron ineficiencias operativas.

Irregularidades en contratos con Progen

La Contraloría General del Estado destapó serias anomalías en los contratos firmados en agosto de 2024 entre CELEC, a través de su unidad Termopichincha, y Progen Industries LLC. Estos acuerdos, destinados a instalar plantas térmicas de emergencia en Quevedo III (50 megavatios) y Salitral (100 megavatios), buscaban mitigar la crisis eléctrica que afectó al país el año pasado. Sin embargo, los proyectos no se concretaron según lo previsto para finales de 2024 e inicios de 2025.

El contralor Mauricio Torres señaló que los contratos presentaron fallas graves, como el uso de equipos no nuevos y la falta de adquisición directa con fabricantes. Estas irregularidades generaron un perjuicio económico estimado en $100 millones solo por los contratos con Progen, sumándose a $20 millones adicionales por anomalías en acuerdos con Austral Technical Management (ATM). La Contraloría remitió los hallazgos a la Fiscalía General del Estado, que abrió una investigación por presunto peculado.

Manzano calificó los contratos con Progen como “leoninos” y anunció que el Ministerio de Energía presentó dos denuncias. Una de ellas por fraude contra la empresa y otra por delincuencia organizada contra funcionarios involucrados, estén o no activos en la institución. “Hemos actuado con firmeza, presentando denuncias que nadie más ha hecho”, afirmó la ministra.

Investigación penal en curso

La Fiscalía General del Estado ejecutó 17 allanamientos el pasado 28 de julio en Pichincha, Guayas y Bolívar, como parte del Caso Apagón. La investigación se centra en 12 personas, entre ellas Fabián Calero, exgerente general subrogante de CELEC y exviceministro de Energía, quien renunció el 15 de julio tras la controversia. Calero autorizó un presupuesto de $97 millones para Salitral y $49 millones para Quevedo, sin estudios de mercado que respaldaran los montos ni certificación presupuestaria.

Otros 11 funcionarios de CELEC, incluyendo técnicos y directivos de las centrales térmicas, están bajo escrutinio. La Contraloría identificó que el Comité Técnico de Emergencia de CELEC recomendó adjudicar los contratos a Progen, pese a que la empresa no cumplía con los requisitos técnicos ni legales. Además, se detectaron pagos anticipados sin garantías y la ausencia de certificados de fabricantes, lo que agravó las irregularidades.

Reestructuración y medidas futuras

La desvinculación de los 300 funcionarios no solo responde al escándalo de Progen, sino también a un plan de optimización administrativa. Manzano explicó que algunas salidas buscan mejorar la eficiencia operativa de CELEC, una empresa clave que genera el 90% de la electricidad del país. La ministra aseguró que los proyectos de Salitral y Quevedo III serán retomados por técnicos de CELEC, con un cronograma que apunta a diciembre de 2025 para su operatividad.

La Contraloría continúa con exámenes especiales, incluyendo uno sobre la Central Hidroeléctrica de Catamayo, para garantizar que no se repitan irregularidades. Mientras tanto, la Fiscalía avanza en la investigación penal, que podría derivar en sanciones por peculado, tráfico de influencias o incumplimiento de deberes.

El Caso Apagón pone a CELEC en el centro de la atención pública. La reestructuración de la empresa y las acciones legales marcarán el rumbo de la gestión energética en Ecuador, en un contexto donde la estabilidad del suministro eléctrico es crucial para el país.