La Fiscalía de los Estados Unidos solicitó formalmente ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York el aplazamiento de la audiencia judicial de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, originalmente programada para el 30 de junio.
El Departamento de Justicia fundamentó la petición en la existencia de complicaciones logísticas, de transporte seguro y de seguridad pública, motivadas por la coincidencia de la fecha con un partido de dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026 que se disputará en la misma ciudad.
Piden nueva fecha para la audiencia de Nicolás Maduro
La representación fiscal estadounidense argumentó ante el juez Alvin Hellerstein la necesidad de posponer el acto judicial citando "problemas de programación, logística relacionados con el transporte seguro y seguridad".
Debido a que el evento deportivo masivo restringe las capacidades operativas de resguardo en la metrópoli, el Gobierno Federal planteó mover la cita para el 22 de julio a las 12h00, una fecha en la cual la cita mundialista ya habrá finalizado, considerando que el partido de clausura está fijado para el 19 de julio.
En la sesión pospuesta se prevé determinar si el proceso penal avanza formalmente hacia la etapa de juicio.
Maduro enfrenta cargos criminales por narcoterrorismo y tráfico de drogas, acusaciones ante las cuales ya presentó una declaración formal de no culpable. Cabe mencionar que la solicitud de aplazamiento contó con el consentimiento del equipo de defensa de expresidente venezolano.
Modificaciones en el equipo de defensa y financiamiento
A nivel de la representación legal, el equipo de Nicolás Maduro reportó cambios estructurales recientes. A comienzos de mes se incorporó la abogada Anna Estevao, perteneciente al bufete Harris Trzaskoma.
Estevao integró el cuerpo legal que defendió al empresario musical Sean 'Diddy' Combs, interviniendo en la estrategia legal que derivó en la absolución de cargos graves de tráfico sexual y conspiración para extorsionar.
La jurista se suma al abogado principal del caso, Barry Pollack, reconocido internacionalmente por ejercer la defensa del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Respecto al sustento económico del proceso, el Gobierno de los Estados Unidos autorizó en abril que el Estado venezolano sufrague los costos de la defensa jurídica de Maduro.
Esta resolución judicial se adoptó tras registrarse una controversia legal prolongada en torno a la viabilidad del uso de erogaciones públicas para la cobertura de los honorarios de la firma de abogados.
