Las comunidades waorani de Pastaza expusieron su rechazo a una posible explotación petrolera en el bloque 22 durante una audiencia realizada por la Defensoría del Pueblo en la comunidad de Daipade. La diligencia se desarrolló durante dos días como parte de una investigación iniciada en diciembre de 2025 por una presunta vulneración de los derechos colectivos del pueblo waorani. El Ministerio del Ambiente y Energía (MAE), que fue convocado, no asistió a la audiencia.

Una veintena de líderes indígenas sostuvo que el Gobierno volvió a incluir el bloque 22 dentro del portafolio de inversiones petroleras previsto para el segundo semestre de este año. Según las comunidades, esa decisión se tomó pese a la oposición expresada por los habitantes del territorio.

Los representantes indígenas reiteraron que mantienen su negativa a cualquier actividad extractiva dentro de esa zona. La audiencia permitió recoger testimonios y argumentos que serán analizados por la Defensoría del Pueblo dentro del proceso de investigación.

Comunidades exponen su posición

El presidente de la Organización Waorani de Pastaza, Opi Nenquino, afirmó durante la audiencia: "Tienen un plan de ofertar nuevamente nuestro territorio, el bloque 22. No queremos más conversaciones, no queremos más intervención del Estado, porque nosotros ya hemos tomado una decisión: no al extractivismo".

Por su parte, Elisa Enquerio Mene, integrante de la comunidad waorani de Titepare, señaló: "El Estado debe respetar el Mandato Pikenani, el territorio no se vende porque en él está todo". Las declaraciones fueron presentadas ante la Defensoría como parte del proceso abierto sobre el bloque 22.

El Ministerio del Ambiente y Energía solicitó diferir la audiencia. Sin embargo, la Defensoría decidió continuar con la diligencia sin la presencia de funcionarios de esa cartera de Estado, al considerar que el proceso debía seguir su curso.

Investigación sobre derechos colectivos

La asesora jurídica de la Organización Waorani de Pastaza, Daniela Criollo, explicó que la audiencia busca que la Defensoría declare la presunta vulneración del derecho a la autodeterminación del pueblo waorani y del derecho al consentimiento previo, libre e informado.

Durante su intervención manifestó: "El objetivo de una audiencia defensorial es que se declare la violación del derecho a la autodeterminación de la comunidad waorani, que forma parte de un pueblo de reciente contacto, y del derecho al consentimiento previo, libre e informado".

La Defensoría del Pueblo tiene la facultad de emitir medidas de protección cuando identifica una posible vulneración de derechos. Además, puede promover acciones judiciales o constitucionales en caso de incumplimiento para garantizar la protección de las comunidades.

Antecedentes del bloque 22

El bloque 22 ya fue objeto de un proceso constitucional. En 2019, la Defensoría patrocinó una acción ante la Corte Constitucional. Esa acción fue aceptada parcialmente en 2025, cuando el Gobierno indicó que no tenía previsto desarrollar proyectos extractivos en esa área.

Tras la nueva denuncia presentada por las comunidades waorani sobre la inclusión del bloque 22 en el portafolio de inversiones petroleras, Ecuavisa consultó al Ministerio del Ambiente y Energía si esa posición oficial cambió.

Hasta las 19:00 del martes, la institución no había emitido una respuesta sobre el planteamiento realizado por las comunidades ni sobre las consultas relacionadas con el bloque 22, mientras la investigación de la Defensoría del Pueblo continúa.