El Consejo de la Judicatura (CJ) decidió destituir al juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Cuenca, B.F.R.C.
La decisión se tomó por unanimidad durante la sesión ordinaria No. 053-2025. El caso se centra en la concesión de beneficios penitenciarios irregulares a 28 personas privadas de libertad, lo que generó alarma en el sistema judicial.
La sanción responde a una infracción disciplinaria gravísima de error inexcusable. El juez otorgó beneficios penitenciarios como prelibertad y régimen semiabierto, aunque los beneficiados no cumplían los requisitos legales que exige la normativa vigente. Esta irregularidad vulneró la seguridad jurídica y el principio de legalidad.
Investigación contra el juez de Cuenca y denuncias
El 17 de diciembre de 2024, los legisladores Sofía Sánchez, Adrián Castro, Leonardo Berrezueta y Diego Matovelle denunciaron los hechos. A raíz de esta acción, el 29 de enero de 2025, los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Azuay emitieron la declaración jurisdiccional previa.
Las investigaciones revelaron que el juez sancionado falló a favor de detenidos con sentencias ejecutoriadas por delitos graves como violación, robo, asesinato, homicidio y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. En sus resoluciones, el juez utilizó criterios subjetivos, ignorando los parámetros jurídicos establecidos.
Riesgo de impunidad y confianza pública
La concesión de beneficios penitenciarios irregulares no solo comprometió procesos legítimos, sino que también generó un riesgo latente de impunidad. Esta situación afectó la credibilidad de la administración de justicia y quebrantó la confianza pública en el sistema judicial. El CJ consideró que la conducta del juez representó un error inexcusable grave y dañino para el Estado de derecho.
La destitución del juez busca restablecer la confianza ciudadana y garantizar que los beneficios penitenciarios se otorguen conforme a la ley. El caso marca un precedente en la lucha contra la impunidad y la defensa de la legalidad en el sistema judicial ecuatoriano.
