En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, fue detenido este jueves el alcalde de Pujilí, José Alcides A.C., investigado por el presunto delito de peculado. La acción, enmarcada en el Caso “Quimérico”, incluyó el allanamiento de 20 domicilios y resultó en la detención de 17 personas, entre funcionarios del Municipio de Pujilí y ciudadanos particulares.
Allanamientos simultáneos y múltiples detenciones
La operación se desarrolló en horas de la madrugada de este jueves 7 de agosto y fue liderada por agentes de la Policía Nacional en coordinación con personal de la Fiscalía, informó el ministro del Interior, John Reimberg. El despliegue incluyó unidades especializadas en investigación de delitos económicos y corrupción.
Según información oficial difundida por el ministro Reimberg, los resultados preliminares del operativo son los siguientes:
- 20 domicilios allanados
- 13 funcionarios municipales detenidos
- 3 personas naturales arrestadas
- 1 funcionaria pública adicional detenida
Entre los capturados se encuentra José Alcides A.C., actual alcalde del cantón Pujilí, en la provincia de Cotopaxi,
Caso “Quimérico”: investigación en curso
El operativo forma parte de las acciones del denominado Caso “Quimérico”, que investiga posibles actos de peculado, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como la apropiación indebida de fondos del Estado. Las indagaciones apuntan a irregularidades detectadas en la administración municipal.
Entre los elementos levantados durante la intervención constan computadoras, teléfonos celulares, discos duros, y documentación contable relacionada con procesos de contratación pública.
Alcalde de Pujilí, detenido
Pujilí, cantón de la provincia de Cotopaxi, ha estado en la mira de organismos de control en los últimos meses debido a denuncias ciudadanas sobre supuestas irregularidades en la gestión de obras y servicios municipales.
El delito de peculado, según el COIP, puede conllevar penas privativas de libertad de hasta trece años, dependiendo del monto del perjuicio y la calidad del funcionario involucrado.
Las autoridades han reiterado su compromiso de continuar con las investigaciones para determinar el grado de participación de los implicados y recuperar posibles fondos desviados del erario público.
El operativo sigue en desarrollo, y se prevé que en las próximas horas se emitan nuevos pronunciamientos oficiales conforme avance la etapa de instrucción fiscal.
