El asambleísta Xavier Ordóñez informó que acudirá a la Fiscalía General del Estado para entregar los resultados de la fiscalización realizada en relación al proceso de adquisición de 610 trolebuses eléctricos en Quito y además solicitará medidas inmediatas destinadas a resguardar información y documentos que podrían ser relevantes para futuras diligencias.
La acción se produce luego de varios meses de análisis de contratos, informes técnicos, documentación relacionada con el fabricante, comparecencias de expertos en contratación pública, reportes de organismos de control y testimonios recogidos durante el proceso de fiscalización impulsado desde la Asamblea Nacional.
Informe recoge observaciones sobre el proceso de contratación
Según explicó el legislador, la documentación recopilada contiene elementos que, a su criterio, requieren una actuación temprana de las autoridades para garantizar la conservación de posibles pruebas. En ese contexto, Ordoñez anunció que pedirá a la Fiscalía la ejecución de actos urgentes contemplados en la normativa vigente.
"Cuando existen elementos que podrían comprometer recursos públicos y responsabilidades de funcionarios, la prioridad es evitar que la evidencia desaparezca, se altere o se pierda", señaló Ordóñez al referirse a los motivos de la solicitud.
Entre los temas que serán puestos en conocimiento del Ministerio Público figuran observaciones relacionadas con la modalidad utilizada para la contratación internacional, costos asociados a intermediación, diferencias entre valores de referencia y montos contratados, desembolsos efectuados antes de la recepción total de las unidades y aspectos técnicos detectados durante la incorporación de los vehículos al sistema de transporte.
Caso entra en una nueva etapa
El asambleísta indicó que el informe también identifica hechos que podrían derivar en responsabilidades administrativas, civiles o penales. Sin embargo, aclaró que cualquier determinación corresponde exclusivamente a las entidades competentes encargadas de investigar el caso.
La adquisición de los trolebuses forma parte del proceso de renovación de la flota del sistema de transporte municipal de Quito. Desde que se concretó la compra, el procedimiento ha sido objeto de revisiones y observaciones por parte de distintos actores políticos y organismos de control.
Con la presentación formal de la documentación, la Fiscalía deberá evaluar la información entregada y determinar si existen elementos suficientes para abrir nuevas líneas de investigación. "Durante meses revisamos documentos, escuchamos expertos y contrastamos versiones. Ahora le corresponde a la Fiscalía hacer lo que la ley le manda: investigar, proteger la evidencia y establecer la verdad", manifestó Ordóñez.
