Abogados analizan el alcance de la sentencia contra Javier Pincay
La sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra el alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, es analizada por varios abogados.
El abogado Roosevelt Cedeño, en un criterio inicial, adelantó que el fallo del TCE no afecta el derecho de ejercicio del cargo de alcalde. Porque “lo que ha resuelto el TCE es la pérdida de sus derechos de participación, es decir, su derecho a elegir y ser elegido.
Por ejemplo, él (Pincay), en la siguiente elección del 20 de agosto no puede votar porque tiene suspendidos sus derechos de participación en el proceso electoral”.
Agregó que las normativas legales vigentes estipulan este tipo de prohibición para ser candidatos, mas no para ejercer un cargo. Y recalcó que el TCE no dispuso la destitución.
Recordó que la causal por la que se dispone la sanción es por no presentarse al debate, que se desarrolló cuando Pincay era candidato. Por lo tanto, “si analizamos desde el punto de vista restrictivo del derecho sancionador, es a su condición de candidato”.
Sin embargo, Cedeño recordó que la sentencia debe notificarse, entre otros organismos, al Ministerio de Trabajo, y que “si eso el Ministerio del Trabajo lo inscribe o no como inhabilidad, entonces el alcalde sí tendría un problema operativo para ejercer sus funciones (…) eso significa que de pronto no pueda acceder a las claves de rentas, del Banco Central, Ministerio de Finanzas, ese tipo de cosas que algunos alcaldes eluden encargando a otras personas”.
Concejales deben “activar el mecanismo de remoción” del Pincay
Gabriel Farfán, también abogado, sostuvo anoche, durante una entrevista en Manavisión, que a pesar de no haber una sentencia directa de destitución, ejercer cargos públicos es uno de los derechos de participación (suspendidos a Pincay). Por lo que ahora les corresponde a los concejales “activar el mecanismo de remoción contemplado en el artículo 61 de la Constitución” para que pueda asumir la vicealcaldesa, Mariela Coral.
Enfatizó que de no manejárselo así, los ediles incluso podrían enfrentar consecuencias ante la Contraloría General del Estado “por omisión”. Calculó que todo este proceso de remoción podría tomar al menos tres meses, por lo que los cambios que, según él, deben darse en la actual administración, no serían inmediatos.
Más análisis jurídicos
Ismael Quintana, abogado constitucionalista, explicó durante una entrevista en Manavisión este viernes que la sanción del TCE no implica la destitución del alcalde Pincay. Pero sí la suspensión de los derechos políticos. Eso significa, según el abogado, que Pincay tendría que abandonar la alcaldía porque ya no existe contra el fallo del TCE un recurso que le permita al alcalde revertir esa decisión.
“Conforme al artículo 64 de la Constitución, mientras se presente un caso de suspensión de derechos políticos evidentemente no podría en principio ejercer cargo, dignidad o función en el sector público. Por esa razón se ha comentado que él ha perdido el pleno derecho la calidad de alcalde de Portoviejo”, dijo Quintana.
Luis Cano, otro jurisconsulto, sostuvo que lo resuelto no afecta en nada las funciones que viene ejerciendo como alcalde.
En algo que coinciden los consultados, es que pese a ser una sentencia de última instancia, ambas partes pueden presentar “recursos horizontales”. Incluso Pincay podría presentar una acción extraordinaria de protección llevando la causa a la Corte Constitucional. Pero que aun así, aquello no cambia lo resuelto por el TCE.
