Más de 100 dirigentes de diversas naciones expresaron su respaldo a Cristina Fernández, rechazando la condena penal y la proscripción que enfrenta la expresidenta argentina. Estas manifestaciones de apoyo se canalizaron en un encuentro híbrido, virtual y presencial, realizado en la sede del Partido Justicialista (PJ). En ese evento, se avanzó en las acciones que integran la estrategia internacional de la campaña “Cristina Libre”, según un comunicado oficial de la organización política.
Por parte del PJ, participó su secretario de Relaciones Internacionales, “Tano” Menéndez, y de Relaciones Regionales, Soledad Magno, quienes compartieron la mesa con autoridades partidarias, el excanciller Jorge Taiana y exembajadores argentinos. Cristina Fernández deberá presentarse en tribunales el próximo miércoles, donde el juez valorará la solicitud de prisión domiciliaria presentada por su defensa. Líderes justicialistas anticipan una movilización histórica para acompañar a la exmandataria en su presentación judicial en Comodoro Py.
Estrategia internacional y respaldo político a Cristina Fernández
Desde la sede del PJ, ubicada en Matheu 130, barrio Balvanera, los presentes repasaron las principales irregularidades de la causa judicial. Además, establecieron la vinculación de estas con el deterioro social, político y económico nacional, así como con el contexto regional y global del avance de las derechas. Los expositores enfatizaron que el fallo judicial legitima la judicialización de la política y deteriora la institucionalidad democrática. Este proceso presenta características del lawfare, un mecanismo utilizado reiteradamente contra líderes populares latinoamericanos.
Representantes de gobiernos nacionales, legisladores y autoridades partidarias de más de 20 países expresaron su total apoyo a Cristina Fernández. Resaltaron su inocencia frente a un proceso judicial plagado de irregularidades, parcialidad y violaciones al debido proceso. Como parte de la estrategia internacional, se anunció la presencia de acompañantes internacionales en la movilización del miércoles 18 de junio. El objetivo es garantizar que Cristina regrese a su domicilio tras cumplir con la presentación en Comodoro Py. Paralelamente, se realizarán acciones frente a embajadas argentinas en el exterior y diversas actividades de visibilización de la campaña “Cristina Libre”.
Movilización masiva y apoyo
La convocatoria para el 18 de junio se prepara como una jornada histórica. Más de 250 intendentes de todo Argentina se reunieron para coordinar actividades en sus distritos y asegurar una movilización masiva en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Esta reunión, impulsada por Mayra Mendoza y Mariel Fernández, intendentas de Quilmes y Moreno, contó con la participación presencial y virtual de jefes comunales de todo el territorio nacional. La organización busca demostrar un respaldo contundente a la expresidenta y repudiar el fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa Vialidad.
Las manifestaciones de apoyo se multiplican en diferentes puntos de Argentina, desde Ushuaia hasta La Quiaca. En Buenos Aires, pese a condiciones climáticas adversas, miles se congregaron en Parque Lezama para marchar hacia la residencia de Cristina Fernández. La vigilia permanente frente a su domicilio en Humberto Primo y San José continúa siendo el epicentro de expresiones solidarias, con bombos, banderas y carteles que denuncian una presunta proscripción política impulsada por sectores del poder judicial.
Condenada a seis años de prisión
Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco de la causa conocida como “Vialidad”. Esta sentencia también incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que implica su exclusión definitiva del escenario político electoral. La condena quedó firme tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de Argentina a los recursos presentados por la defensa, consolidando así la sentencia dictada inicialmente en 2022 y ratificada en 2024.
La causa Vialidad se originó en 2008 con denuncias sobre irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Durante sus mandatos presidenciales entre 2007 y 2015, se desviaron fondos estatales para beneficiar a la empresa Austral Construcciones, vinculada al empresario Lázaro Báez, amigo cercano de la expresidenta. La investigación judicial comprobó que se otorgaron 51 contratos de obras viales a Báez sin experiencia previa, con sobreprecios y obras inconclusas. Esto configuró un perjuicio millonario para el Estado argentino.
