Revolución Ciudadana asegura que el gobierno es cómplice sospechoso de la inseguridad

Tras los atentados registrados durante el 1-N en varias provincias de Ecuador, el movimiento político Revolución Ciudadana, cuyo líder es el expresidente Rafael Correa Delgado, emitió un comunicado contra el gobierno de Guillermo Lasso. «Después de más de 17 meses en el poder, el gobierno de Guillermo Lasso no deja de improvisar y demostrar ineptitud. […]

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Redacción ED.

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Redacción ED.

Tras los atentados registrados durante el 1-N en varias provincias de Ecuador, el movimiento político Revolución Ciudadana, cuyo líder es el expresidente Rafael Correa Delgado, emitió un comunicado contra el gobierno de Guillermo Lasso.

«Después de más de 17 meses en el poder, el gobierno de Guillermo Lasso no deja de improvisar y demostrar ineptitud. ¿Cuántas muertes, atentados y masacres más debemos esperar?», es un fragmento del escrito con el cual la agrupación política hace conocer su malestar por los hechos acontecidos.

También se expresan por faltas de prioridades sociales, además de la falta de un plan de seguridad integral y de la presunta falta de presupuesto para cumplir con el fortalecimiento de la institución policial.

Aseguran que «la inacción del gobierno de Lasso no solo evidencia tolerancia con la violencia y el crimen sino complicidad sospechosa».

El texto que fue emitido por medio de las redes sociales ha tenido voces a favor y en contra de los actores políticos.

El expresidente Rafael Correa es considerado en Ecuador prófugo de la justicia, y su exvicepresidente Jorge Glas, esta preso por tres sentencias en su contra por casos de corrupción.

Correa fue condenado a ocho años de prisión por cohecho en el caso «Sobornos 2012-2016», una trama de corrupción en la que se recibieron aportes indebidos en el palacio presidencial para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a diversas empresas, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht.

Además no puede participar en la política durante los próximos 8 años. En ese caso de corrupción fueron procesadas 17 personas entre ministros de su gobierno y empresarios constructores.

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