La Unión Nacional de Educadores (UNE) anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública. Dicha ley se aprobó el 24 de junio y publicada en el Registro Oficial el 26 de junio. Según la UNE, las reformas incluidas en esta ley vulneran los derechos a la jubilación. También la compensación económica de los servidores públicos, especialmente de los sectores de educación y salud.
La UNE sostiene que la modificación al artículo 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) eleva la edad para el retiro voluntario con compensación económica. Anteriormente, los servidores públicos podían jubilarse a partir de los 60 años, siempre que cumplieran con los requisitos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Es decir en cuanto a años de aportes y edad.
Ley de Servicio Público ya está en Registro Oficial
Con la nueva normativa, quienes planeaban jubilarse entre los 60 y 64 años deberán esperar cinco años adicionales para recibir su compensación. Andrés Quishpe, presidente de la UNE, calificó esta reforma como un retroceso que vulnera el principio constitucional de progresividad de derechos.
Según Quishpe, la medida afecta a quienes ya cumplían con los requisitos para jubilarse y tenían un derecho adquirido protegido por la Constitución y las leyes laborales. La UNE argumenta que existen fundamentos legales para impugnar la reforma y confirmó que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
Funcionarios públicos serán evaluados cada seis meses
La Ley Orgánica de Integridad Pública introduce cambios significativos a la Losep, incluyendo la obligatoriedad de evaluaciones de desempeño semestrales, técnicas y vinculantes para todos los funcionarios públicos. En ello se incluye a los de nivel jerárquico superior. Anteriormente, estas evaluaciones eran anuales, y una calificación de “insuficiente” ahora puede ser motivo de destitución.
Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, defendió las reformas, asegurando que no son nuevas y que la Losep ya contemplaba evaluaciones de desempeño desde 2010, aunque no se habrían implementado de manera consistente. Núñez explicó que el único cambio es la periodicidad, pasando de anual a semestral, y que las evaluaciones serán públicas.
La ministra señaló que el Ministerio del Trabajo emitirá un acuerdo ministerial para establecer los parámetros de evaluación, los cuales deberán ser aplicados por cada institución del Estado.
