La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó al presidente Donald Trump a emplear la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Con esto se busca deportar rápidamente a presuntos miembros de pandillas venezolanas, en particular del Tren de Aragua. La decisión, tomada tras una apelación de emergencia presentada por la Casa Blanca, permite al gobierno estas expulsiones mientras se resuelven litigios en tribunales inferiores. El fallo establece, sin embargo, que los migrantes deben ser notificados adecuadamente y tener la oportunidad de impugnar su deportación.
El dictamen responde a la solicitud de Trump de utilizar esta ley histórica como herramienta contra el crimen organizado extranjero. Esta ley originalmente la diseñaron para tiempos de guerra. La Corte subrayó que los afectados tienen derecho a presentar demandas de hábeas corpus para desafiar su expulsión. Aquello garantiza un mínimo de debido proceso. La medida se centra en individuos vinculados al Tren de Aragua, una pandilla venezolana señalada por el gobierno como amenaza a la seguridad nacional.
La decisión no fue unánime. Los tres jueces liberales del tribunal discreparon del fallo. Sin embargo, la jueza Amy Coney Barrett, parte del bloque conservador, expresó una discrepancia parcial, sin detallar su posición. El caso llegó a la Corte Suprema tras una apelación urgente de la administración Trump, que busca agilizar deportaciones ante lo que describe como una crisis migratoria y delictiva. Los tribunales inferiores continuarán evaluando la legalidad del uso de esta ley en el contexto actual.
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos es provisional
La Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, permitía históricamente deportar a ciudadanos de países en guerra con Estados Unidos. Su aplicación en este caso marca un precedente al extender su alcance a presuntos criminales extranjeros en tiempos de paz. El gobierno de Trump presentó evidencia que vincula al Tren de Aragua con actividades delictivas en territorio estadounidense. Con aquello se justifica la medida como una respuesta a la seguridad pública.
Abogados de los migrantes afectados advirtieron que la rapidez de las deportaciones podría limitar el acceso a recursos legales. “La notificación adecuada y la oportunidad de impugnación son derechos básicos, pero la ejecución acelerada pone en riesgo su cumplimiento”, señaló un representante legal. La Casa Blanca, por su parte, defendió la decisión como un paso necesario para proteger a las comunidades estadounidenses de la violencia transnacional.
El Tren de Aragua, originario de Venezuela, ha ganado notoriedad en los últimos años por su expansión en América Latina y presuntas operaciones en Estados Unidos. Autoridades federales han identificado a algunos de sus miembros entre los flujos migratorios recientes, lo que motivó la acción ejecutiva de Trump. La administración aún no ha precisado cuántos individuos serán deportados bajo esta medida ni el cronograma exacto de implementación.
Administración de Trump contra la migración ilegal
El fallo ocurre en un contexto de debate migratorio intenso en Estados Unidos, con la administración Trump priorizando políticas de mano dura. La Ley de Enemigos Extranjeros, poco utilizada en la era moderna, había sido invocada anteriormente durante la Segunda Guerra Mundial para internar a ciudadanos japoneses, alemanes e italianos. Su reactivación ahora refleja la estrategia del gobierno de recurrir a herramientas legales históricas para abordar desafíos contemporáneos.
La Corte Suprema dejó claro que su decisión es provisional, permitiendo el uso de la ley mientras los tribunales inferiores resuelven los litigios pendientes. Las notificaciones a los migrantes y su acceso al hábeas corpus serán puntos clave en las próximas etapas judiciales, que podrían definir el alcance final de esta política.
