La discusión sobre el valor del pasaje del transporte urbano en Guayaquil volverá a ser analizada este jueves 25 de junio por el Concejo Cantonal, que en primer debate tratará un proyecto de ordenanza orientado a ajustar la estructura tarifaria del servicio público.

La propuesta surge tras varios meses de revisión técnica y diálogo entre autoridades y transportistas, en un contexto de evaluación de costos operativos y calidad del servicio en la ciudad.

Pese a que el pasaje actual se mantiene en 0,30 dólares, informes técnicos señalan que esta tarifa no cubre los gastos de operación ni asegura una rentabilidad mínima para los operadores.

Este factor ha mantenido abierto el debate sobre una posible actualización, considerando también la necesidad de mejorar las unidades y el sistema de movilidad urbana en Guayaquil en análisis actual.

Antecedentes del pedido de ajuste tarifario

Los transportistas han insistido en que el incremento es necesario para sostener el servicio. Su propuesta plantea que la tarifa llegue a 0,45 dólares, argumentando que los ingresos actuales no permiten cubrir costos ni renovar la flota de buses, lo que afecta directamente la operación diaria del transporte público urbano.

Desde el Municipio de Guayaquil se ha señalado que cualquier ajuste debe estar condicionado a mejoras verificables en las unidades y al cumplimiento de estándares técnicos.

La administración sostiene que el proceso no implica un aumento automático, sino una aplicación progresiva según el cumplimiento de requisitos establecidos en la normativa en el contexto local de movilidad.

Estructura de la propuesta y sistema de recaudo

La propuesta incluye una estructura tarifaria diferenciada que contempla valores de 0,30, 0,45 y hasta 0,50 dólares, dependiendo del nivel de cumplimiento de condiciones técnicas y de servicio.

Además, se establece la incorporación obligatoria al sistema de recaudo ITOR en un plazo de 180 días desde la entrada en vigencia de la ordenanza.

El proyecto también contempla un mecanismo de compensación económica para transportistas que cumplan con los requisitos establecidos, con el fin de mantener la continuidad del servicio durante la transición.