La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este 26 de agosto el proyecto de Ley de Transparencia Social, enviado por el presidente Daniel Noboa. La votación se realizó en el Pleno con 78 votos a favor, provenientes de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, tras un debate de dos horas.

La propuesta busca combatir el lavado de activos y la infiltración del crimen organizado en organizaciones civiles, sin embargo, la oposición cuestiona su alcance y los cambios de último momento.

Aprobación con respaldo oficialista

La propuesta de ley urgente llegó al Pleno con fuertes cuestionamientos. La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) y el Partido Social Cristiano (PSC) sostuvieron que la propuesta tiene como objetivo principal vigilar y controlar a las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.

A pesar de las críticas, la legisladora de ADN, Mishel Mancheno, actuó como ponente y defendió la propuesta. Ella negó que la ley establezca nuevos impuestos. Justificó la obligatoriedad para las empresas de pagar un impuesto sobre sus dividendos, que según ella muchas no declaran.

Mancheno explicó que las empresas han pagado el Impuesto a la Renta toda la vida. Aseguró que la ley solo les obliga a pagarlo, pues a menudo guardan los dividendos, sin repartir ni invertir. Esta situación, según la asambleísta, afecta la economía del país. La bancada de ADN insiste en que su propuesta busca combatir la infiltración del crimen organizado.

Cambios de último minuto y polémica

El asambleísta del PSC, Alfredo Serrano, calificó la ley de “abusiva” por crear lo que él consideró dos nuevos impuestos. Uno de ellos, un gravamen a las empresas que reinvierten sus utilidades. Liliana Durán, de la Revolución Ciudadana, dijo que la propuesta busca perseguir a líderes sociales y activistas.

Serrano alertó sobre una reforma incluida en las transitorias del proyecto. Esta reforma, según él, afectaría directamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La transitoria sexta señala que el IESS no podría cobrar multas o recargos a las instituciones del Estado.

Esto aplicaría a empresas públicas que reciban pasivos, aportes y fondos de reserva de instituciones liquidadas. Serrano recordó que los recursos del IESS son propios. Agregó que la Constitución establece que ninguna institución puede disponer de ellos o menoscabar su patrimonio.

El oficialismo logra su objetivo

La legisladora Mancheno propuso votar el texto de forma íntegra, a pesar de la oposición. La propuesta se aprobó con 78 votos en la primera instancia. La votación incluyó el voto de la legisladora alterna de Nanki Lauro, Saant Juank. La Revolución Ciudadana alegó un error en la votación. Pidieron la rectificación.

En el segundo intento, el proyecto recibió los mismos 78 votos. Esta vez se sumó el voto de una asambleísta de ADN que se abstuvo por equivocación en la primera votación. La facción de Pachakutik cercana al gobierno se dividió de nuevo. El PSC reiteró sus críticas a la ley, considerando que afectaría los recursos del IESS.