Los ministros del Interior, John Reimberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para presionar a la Corte Constitucional a revertir la suspensión parcial de las leyes de Inteligencia, Solidaridad e Integridad Pública, impulsadas por el presidente Daniel Noboa. En un video dirigido a las familias ecuatorianas, publicado en las cuentas oficiales de ambos ministerios, los funcionarios destacaron la necesidad de estas normativas para combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad del país.
“Necesitamos tu apoyo para que nadie intente quitarnos nuevamente el arma más importante que nos faltaba para ganar esta guerra: las leyes”, afirmó Reimberg. Loffredo añadió que la Corte Constitucional debe responder al “clamor del pueblo” y devolver las leyes que permiten a policías y militares actuar con “fuerza, firmeza y contundencia” contra las bandas criminales. Los ministros subrayaron que las fuerzas de seguridad han enfrentado al crimen organizado sin titubear. Asegurando que los delincuentes solo tienen dos caminos: “la cárcel o el infierno”.
Suspensión de leyes
El pasado lunes 4 de agosto, la Corte Constitucional suspendió temporalmente varios artículos de las leyes presentadas por Noboa. Estas, calificadas como urgentes y aprobadas por la Asamblea Nacional en un plazo de 30 días. Entre los artículos suspendidos de la Ley Orgánica de Inteligencia se encuentran disposiciones que permitían a agentes encubiertos usar identidades falsas. Incluso, al sistema nacional de inteligencia solicitar datos a empresas telefónicas y otras entidades. Asimismo, disponer de fondos sin cumplir con la ley de contratación pública.
En la Ley de Solidaridad Nacional, se suspendió el artículo que otorgaba a Noboa la facultad de conceder indultos anticipados a policías y militares procesados por delitos durante el estado de “conflicto armado interno”, declarado en 2024 contra el crimen organizado.
La Corte Constitucional también dejó en suspenso artículos relacionados con un régimen jurídico especial para el conflicto armado interno. Este establecía objetivos militares para las fuerzas de seguridad. Estas suspensiones respondieron a demandas de inconstitucionalidad presentadas por organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicatos, que argumentaron que las leyes vulneraban derechos fundamentales.
Contexto y reacciones
La suspensión de estas leyes se produce en un contexto de creciente violencia en Ecuador, especialmente en provincias como El Oro, Manabí, Los Ríos y Guayas. Allí, Noboa declaró un nuevo estado de excepción el miércoles debido a la “grave conmoción interna”. El presidente anunció una marcha pacífica hacia la Corte Constitucional el 12 de agosto, criticando que “nueve personas entronadas” intenten frenar las leyes de seguridad.
La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, también rechazaron la decisión del tribunal. Acusándolo de privar a los ecuatorianos de herramientas clave para la seguridad. Sin embargo, las críticas al alto tribunal han generado preocupación internacional. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, y Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia judicial, condenaron los “ataques” y “amenazas” contra la Corte Constitucional.
