En lo que va de 2025, el Estado ecuatoriano ha cancelado más 55 millones de dólares a las dializadoras, para asegurar la atención de los pacientes con insuficiencia renal crónica. Sin embargo, para los más de 19 mil enfermos renales en el país esta cifra es insuficiente. Sus vidas dependen de máquinas que en cualquier momento podrían dejar de funcionar. Las clínicas exigen pagos puntuales para evitar interrupciones en el servicio. La deuda estatal con las dializadoras privadas de Ecuador ascendía hasta mayo de este año a los 270 millones de dólares.

Algunas clínicas acumulan hasta 16 meses de retraso en los pagos, lo que impide renovar insumos, mantener equipos operativos o cubrir los sueldos de profesionales de la salud. En respuesta, pacientes y voceros han advertido que la interrupción del servicio pondría en riesgo la vida de miles de personas.

La lucha de Gabriela Álvaro

Gabriela Álvaro, representante y vocera de pacientes renales de Pichincha, expuso su preocupación y la lucha que lleva adelante, no solo por ella, sino por todos sus compañeros, para que el Estados los escuche. Y es que en más de una ocasión ella ha buscado la manera de alzar su voz de protesta. No lo hace por los que ahora enfrentan la enfermedad, sino también por los que en el futuro puedan ser diagnosticados con insuficiencia renal, dijo. 

El pasado 5 de febrero de 2025 intervino en la Asamblea Nacional donde leyó un discurso muy emotivo, pero sobre todo real, de la lucha que varios pacientes renales enfrentan para acceder a una diálisis.

“Es duro saber que hay personas que no tienen ni siquiera para el pasaje para ir a hacerse sus diálisis, no tienen para sus medicinas y además tienen que convivir con el miedo de que en algún momento no podrán acceder al tratamiento”, manifestó. Recordó que en una ocasión por un daño en una bomba de agua no accedió a la diálisis. Álvaro reveló sentirse al borde de la muerte en espera de su próxima sesión de diálisis. Habitualmente, los pinchazos generan dolor, pero cuando el daño se solucionó, dos días después, y pudo realizarse el tratamiento, ella sintió que literalmente la estaban conectando con la vida. 

Intertítulo: “Situación precaria en centros de diálisis”

La situación personal de Álvaro refleja, quizá, la realidad de cientos o miles de ecuatorianos con enfermedad renal crónica. Ella indicó que su enfermedad es silenciosa y desgastante tanto física, emocional y económicamente. Pero para ella lo importante es seguir al pie de la lucha. Dice que esta batalla no es solo suya, sino también de su familia, quienes batallan y también sufren junto a ella. Describe además, cómo ha percibido la muerte de compañeros de lucha como golpes que lentamente se aceptan, aunque nunca se superan.

La Defensoría del Pueblo es la única institución pública que ha respondido a esta emergencia. dijo la paciente. Álvaro denuncia la indiferencia del Estado, resaltando que “como no somos familia de nadie que esté en el poder, no saben lo que padecemos”. 

Datos nacionales recientes sobre pacientes renales

Según las estadísticas más recientes, 19 838 pacientes reciben tratamiento de diálisis en Ecuador. De ellos, 11 660 son hombres y 8 178 son mujeres. El Ministerio de Salud ha reconocido que la enfermedad renal crónica es ya una de las principales causas de mortalidad y representa un costo creciente para el sistema sanitario.

Además, 1 097 personas esperan un trasplante renal en el país, con una lista que avanza lentamente por falta de donantes. Mientras tanto, la mayor parte de los enfermos dependen del tratamiento que deben realizarse varias veces por semana y sin interrupciones.

A ello se suma la situación económica de los pacientes. Muchos sobreviven con ingresos mínimos o dependen de la devolución del IVA para cubrir algunos gastos básicos, pero aún así no logran sostener el costo indirecto de la enfermedad. Los atrasos en estos pagos es algo que ella también lamenta. Actualmente cuenta con un trabajo con horario parcial que le permite costear en cierta forma su enfermedad y no depender por completo del Estado como sí lo hacen otros enfermos. “Si en algún momento llego a depender completamente del Estado para poder tener mis cosas, yo sé que me voy a morir”.

Llamado urgente y situación crítica

En sus palabras, “la enfermedad renal no se vuelve cruel cuando te sientes mal, sino cuando ves que un compañero de lucha muere. Nunca se supera esa pérdida”. El dolor de las familias se multiplica, y la comunidad de pacientes ha creado redes de apoyo entre ellos para sostenerse emocionalmente.

La representante indicó que algunos pacientes fallecen sin poder recibir tratamiento completo, debido a la suspensión parcial de servicios en clínicas con problemas financieros. Otros luchan con complicaciones adicionales: diabetes, hipertensión o problemas cardíacos que agravan su estado de salud.

Reclamos sin respuesta

Los enfermos renales en Ecuador han realizado protestas, plantones y reuniones con funcionarios durante más de un año y medio, sin obtener un compromiso claro de solución. Gabriela Álvaro señaló que no existe interés real de las autoridades, ya que la enfermedad afecta a un sector que carece de voz política fuerte.

Asociaciones de pacientes solicitaron ayuda internacional a organismos como la ONU, la Unión Europea, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, ante el riesgo de que se suspenda definitivamente el servicio de diálisis en varias ciudades.

Álvaro además dice que la lucha que llevan adelante incluso la han querido ligar al tema político, algo que desmintió rotundamente.  “Nosotros no nos identificamos con ningún partido político, estamos luchando por nuestra vida. Sea cual sea el presidente, si estamos en riesgo, vamos a protestar”, aseguró Álvaro.

Un plantó para hacerse oír

Este jueves 21 de agosto en varias ciudades del país se realizará un plantón para exigir al Gobierno que se ponga al día con las clínicas. La concentración, en Quito, será en la Plataforma Gubernamental a partir de las 09h00. Pacientes de diferentes sectores han confirmado su presencia. Mientras que los que no se pueden movilizar alzarán su voz en sus ciudades, entre ellas Guayaquil, Loja, Quevedo y más.

La insuficiencia renal fuera declarada en Ecuador como una enfermedad catastrófica en el año 2008. El Estado debe asumir los costos de los tratamientos.

Además del pago de mayo, se destinaron más de 40 millones de dólares para la adquisición de dispositivos e insumos para fortalecer la capacidad operativa de los establecimientos de salud, se indicó desde el Gobierno.