El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) se reunió este sábado y decidió convocar una gran jornada de movilización nacional para el 11 de septiembre. Denuncian políticas que, afirman, afectan salud, educación, trabajo digno y derechos ambientales.
Plataforma de protesta del FUT en Ecuador
El FUT levantó un conjunto de 14 resoluciones que incluyen:
Exigir una emergencia en salud y educación para aumentar inversión pública.
Formar un Frente en defensa de servicios públicos, seguridad social y naturaleza.
Realizar plantones ante la Corte Constitucional los días 25 y 27 de agosto.
Apoyar movilizaciones específicas: pacientes con enfermedades renales el 21, y la FEUNASSC el 25.
Impulsar acciones jurídicas nacionales e internacionales por libertad sindical.
Convocar un Congreso de afiliados, jubilados y campesinos del IESS en octubre en Guayaquil.
Defender empresas públicas, exigir cárcel para los implicados en el caso Progen, y rechazar la consulta popular propuesta por el Gobierno.
Crear una Secretaría Técnica de Registro de organizaciones sociales.
Solidaridad con pacientes sin medicinas, despedidos por defender derechos, y el pueblo palestino.
Advertencia clara: “el 11 de septiembre alzaremos nuestras banderas por la vida, salud, educación pública, trabajo digno y seguridad social”.
Realidad económica y respuesta del Ejecutivo
Ecuador enfrenta un déficit fiscal creciente. Entre enero y mayo de 2025, el déficit alcanzó los 1.306 millones de dólares, el tercero más alto en una década .
En el primer semestre, la cifra bordeó 1.757 millones de dólares, según analistas. El gasto supera ampliamente los ingresos, lo que limita la capacidad del Estado para financiar servicios públicos.
En este marco, el Gobierno de Daniel Noboa anunció un plan de eficiencia administrativa. El 24 de julio ordenó reducir el número de ministerios de 20 a 14 y de secretarías de 9 a 3, lo que representa una reducción del 41 % del aparato ejecutivo .
La portavoz Carolina Jaramillo afirmó que 5.000 funcionarios públicos serán desvinculados, pero que no afectará a médicos, enfermeras, policías, militares ni docentes. Argumentó que estas medidas buscan modernizar el Estado, agilizar trámites y abrir oportunidades laborales a jóvenes .
El Ejecutivo también defendió que estas fusiones no paralizarán servicios públicos, y que constantes proyectos y programas seguirán operando con normalidad durante la transición.
Reacción sindical con el FUT encabezando
Los sindicatos rechazan estas medidas, pues afirman que genera despidos injustificados, afecta familias trabajadoras y que las funciones sí son necesarias. Consideran que esa plata debería destinarse a salud, educación y alimentación, no a eficiencia administrativa.
En su pliego, argumentan que la fusión del Ministerio de Ambiente con el de Energía y Minas debilita la supervisión ambiental. También señalan que la consulta popular propuesta busca desviar recursos a otros fines, descuidando necesidades urgentes.
El FUT y organizaciones aliadas lanzan su convocatoria de lucha para el 11 de septiembre, centrada en demandas sociales, laborales, ambientales y contra la corrupción. Al mismo tiempo, el Gobierno impone reformas estructurales para enfrentar un rojo fiscal crítico.
Ambas posturas reflejan un choque entre la urgencia social y la necesidad de ajustes fiscales.
