El Tribunal Supremo de Bolivia pidió verificar uno a uno todos los casos de prisión preventiva en el país ante las quejas de miles de presos, que exigen a la Justicia un “trato igualitario” que el obtenido por tres políticos acusados de la crisis desatada en el año 2019.
Liberación de políticos causa reacción de presos en Bolivia
El presidente de la corte, Romer Saucedo, ordenó una serie de “jornadas de verificación de plazos sobre el cumplimiento de las detenciones preventivas” en todo el país tras la polémica desatada después de que la Justicia revisara los casos de la expresidenta Jeanine Áñez y los opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.
Todos ellos llevaban años en prisión a la espera de que se resolvieran sus respectivos casos pero han sido ahora puestos en libertad después de que estas medidas cautelares “quedaran sin efecto”, tal y como indicó la Justicia boliviana.
Ante ello, cientos de presos protestaron y exigieron que sus casos sean también revisados, según informaciones del diario ‘Los Tiempos’.
Tribunal Supremo da plazo para revisar casos de presos
El Supremo dio un plazo de 24 horas a los diferentes departamentos para revisar estas medidas.
Además, ordenó que los presos sean sujetos a prisión preventiva en aquellos territorios donde hayan sido abiertos los casos en su contra, por lo que instó a trasladar a aquellos que no cumplan con esta directiva.
El caso de la expresidenta de Bolivia
Los casos judiciales de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y los opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari representan un capítulo controvertido en la política boliviana, marcado por acusaciones de sedición, terrorismo y conspiración derivados de las protestas de 2019 contra el fraude electoral que derrocó a Evo Morales.
El Gobierno de Luis Arce procesó a estos líderes, identificados con el movimiento cívico de Santa Cruz, en un contexto de tensiones entre el oficialismo y la oposición.
Jeanine Áñez asumió la presidencia en noviembre de 2019 tras la renuncia de Morales, en medio de una crisis institucional. En 2021, la detuvieron por su presunta responsabilidad en el “golpe de Estado” y el “masacre de Senkata y Sacaba”, donde murieron manifestantes.
Condenada en junio de 2024 a 10 años de prisión por terrorismo y sedición, Áñez ha denunciado persecución política desde la cárcel de Miraflores. En julio de 2024 la trasladaron a una unidad médica, pero permaneció encarcelada hasta su liberación reciente en agosto.
Su libertad se dio tras una revisión judicial impulsada por presiones internacionales y presuntas irregularidades procesales. La oposición de Bolivia celebró su excarcelación como una victoria contra la judicialización de la política.
La liberación de Camacho y Pumari
La detención de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz y clave en las protestas de 2019, se dio en diciembre de 2022. Esto, por cargos de sedición y terrorismo relacionados con la “Operación Fénix”. En febrero pasado, al político lo liberaron bajo fianza tras apelaciones exitosas.
Mientras que Marco Pumari, exlíder cívico de Potosí y aliado de Camacho, enfrentó procesos similares por su rol en las movilizaciones. Detenido en 2023 por supuesta conspiración, su caso simboliza la represión contra el oriente boliviano.
Liberado en junio, Pumari retomó su activismo, alegando que los juicios buscaban desarticular la oposición.
