La confrontación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional se intensifica con nuevas acusaciones, una pregunta de referendo y cambios en la postura sobre una audiencia judicial.
El Gobierno de Ecuador abrió un nuevo capítulo en su pugna con la Corte Constitucional. El presidente Daniel Noboa presentó el 13 de agosto de 2025 cuatro preguntas para un referendo y consulta popular.
Propuesta de destitución de la Corte con mayoría absoluta
La pregunta 4 del referendo busca permitir que los jueces de la Corte Constitucional sean sujetos de juicio político. Con 77 votos de la Asamblea podrían ser censurados y destituidos.
Esta mayoría absoluta está en manos de ADN, la organización política que respalda al mandatario. Noboa plantea que el cambio se haga vía enmienda constitucional, un procedimiento más rápido.
Según el anexo remitido por el Ejecutivo, la Asamblea tendría 90 días desde la aprobación para reformar las leyes necesarias que permitan aplicar los cambios.
Críticas desde el ámbito jurídico
El constitucionalista Ismael Quintana calificó la propuesta como “un total despropósito”. Recordó que otras autoridades, como un ministro o un vocal del CNE, requieren mayoría calificada para su destitución.
Quintana cuestionó la inclusión de causales “genéricas y abiertas” como el “incumplimiento de funciones inherentes al cargo” y la “arrogación de funciones”. Considera que estas abren la puerta a abusos políticos.
“Es inútil llevar a juicio político a un juez condenado porque ya habrá perdido derechos políticos y el cargo”, sostuvo Quintana. Añadió que el anexo “parece redactado por un estudiante de sexto curso”.
Acusaciones desde el Ministerio de Gobierno a la Corte
El ministro John Reimberg vinculó directamente a la Corte con la liberación de alias “Yoker”, detenido nuevamente el 13 de agosto.
“Ya lo habíamos detenido en abril, pero un juez lo liberó el mismo día. La razón: era apenas su segunda vez”, dijo.
Reimberg responsabilizó a la Corte por prohibir la automática prisión preventiva para reincidentes. “Ser reincidente ya no es un problema, es casi un pase VIP que los deja en libertad esperando sentencia”, afirmó.
“Sabemos que en este país el crimen no descansa. Y, al parecer, la justicia tampoco… pero del lado equivocado. Este Gobierno sigue en la lucha”, concluyó.
Cambio de postura sobre audiencia en Corte Constitucional
En paralelo, el Gobierno revirtió su solicitud de diferir la audiencia del 18 de agosto sobre la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública.
El secretario jurídico de la Presidencia pidió que la audiencia se mantenga en la fecha prevista, pero exigió que sea presencial y no telemática, como dispuso la Corte.
