El Gobierno español ordenó retirar casi 66.000 anuncios de alquiler turístico en Airbnb por incumplir las normas. Esta medida se produce en medio de una crisis de vivienda que ha disparado los precios del alquiler, situación que muchos atribuyen al crecimiento descontrolado de los pisos (apartamentos) turísticos en ciudades como Madrid, Barcelona y Málaga.

El auge de los pisos turísticos y la presión sobre el alquiler

En los últimos meses, decenas de miles de ciudadanos han salido a las calles para exigir vivienda accesible. Alegan que el incremento de alquileres de corta estancia en plataformas como Airbnb ha reducido la oferta residencial, encareciendo los precios.

«Basta ya de proteger a quienes hacen negocio con el derecho a la vivienda. Deben actuar», expresó el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, al anunciar la orden de retirar los anuncios.

Airbnb ha respondido con firmeza, señalando que el Ministerio utilizó una “metodología indiscriminada” y que la mayoría de sus alojamientos no necesitan licencia para operar, por lo que apelará la decisión.

Rentabilidad versus asequibilidad: la raíz del conflicto

El atractivo del alquiler turístico para los propietarios es claro: genera muchos más ingresos que el alquiler tradicional. Un informe reveló que en Málaga, por ejemplo, se pueden obtener hasta $48.400 al año por un piso turístico, frente a solo $8.430 con un contrato residencial.

Además, un estudio en Barcelona demostró que por cada 100 nuevos anuncios en Airbnb, los precios del alquiler subieron un 3,5% y los de compra, un 8,5%.

La situación se agrava en zonas como Madrid y Barcelona, donde hasta el 50% de las viviendas en barrios céntricos pueden estar destinadas al turismo, según el Banco de España.

Medidas gubernamentales y nuevas normativas

Ante este panorama, las autoridades han comenzado a endurecer las regulaciones. El Ministerio de Consumo ordenó retirar 65.935 anuncios ilegales en Airbnb en mayo de 2025. Los inmuebles no contaban con licencia o presentaban registros falsos.

Barcelona ya anunció la prohibición total del alquiler turístico para 2028, medida que liberaría unas 10.000 viviendas para uso residencial. En Madrid, la Comunidad ha impuesto exigencias técnicas y permitido que las comunidades de vecinos prohíban estos alquileres con mayoría simple.

Además, a partir de julio de 2025, será obligatorio un Registro Único de Arrendamientos para publicar viviendas en plataformas digitales.

La otra cara: Airbnb

Airbnb sostiene que su actividad representa solo el 1% del parque de viviendas en grandes ciudades. Su portavoz, Jaime Rodríguez, señala que el problema es estructural: «falta planificación urbana y vivienda social».

Pero los datos dicen otra cosa. No se incluyen los miles de pisos turísticos ilegales, que podrían sumar 14.000 en Madrid y 10.000 en Barcelona, según estudios independientes.

Vecinos organizados, como la Federación de Asociaciones de Barcelona (FAVB), denuncian que los alquileres vacacionales transforman barrios enteros en zonas turísticas, elevando el ruido, la inseguridad y expulsando a los residentes de toda la vida.

Factores adicionales que influyen en el precio de la vivienda

Aunque los pisos turísticos son parte del problema, no son el único factor. También inciden: Escasez de oferta nueva: La construcción no se ha recuperado desde 2009. Mayor demanda de alquiler: Jóvenes y migrantes no pueden acceder a hipotecas. Débil parque de vivienda social: España solo tiene un 1,6% de vivienda pública, muy por debajo del promedio europeo.