La ampliación de la seguridad social en Ecuador hacia trabajadores autónomos, independientes y nuevos sectores productivos forma parte del debate legislativo que se desarrolla en la Asamblea Nacional.
La Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social continuó el análisis del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para la Promoción del Empleo, Desarrollo del Emprendedor y la Protección Social Integral. En ese marco, recibió los criterios técnicos de la experta en salud y seguridad social María José Agusto.
Qué propone la reforma
La propuesta busca actualizar la normativa frente a nuevas formas de trabajo que no siempre encajan en los esquemas laborales tradicionales. Entre ellas están el trabajo autónomo, los emprendimientos, los servicios digitales y otras actividades productivas que generan ingresos, pero que muchas veces quedan fuera de la protección formal.
Según la explicación expuesta en la comisión, uno de los puntos centrales es el reconocimiento jurídico del trabajo autónomo y por cuenta propia. Esto permitiría incorporar a sectores históricamente excluidos de los sistemas formales de seguridad social.
Por qué se plantea ampliar la cobertura
Agusto señaló que Ecuador enfrenta una brecha entre la normativa vigente y la realidad laboral de millones de ciudadanos. En la práctica, muchas personas trabajan, producen y aportan a la economía, pero no cuentan con mecanismos adecuados de protección social.
La experta sostuvo que la sostenibilidad del sistema no depende únicamente del equilibrio financiero. A su criterio, también requiere ampliar la cobertura e incluir a quienes hoy generan ingresos sin formar parte del esquema contributivo.
La compareciente vinculó la propuesta con principios promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En particular, mencionó la Recomendación 202 sobre los pisos de protección social. Ese instrumento plantea que los Estados deben garantizar mecanismos de protección para toda la población, especialmente para trabajadores independientes, informales y grupos vulnerables.
Emprendimiento y protección social
La reforma también se analiza en el contexto del emprendimiento y las micro, pequeñas y medianas empresas. Agusto señaló que las mipymes constituyen el núcleo del aparato productivo nacional. Por ello, consideró necesario establecer marcos regulatorios modernos que faciliten su crecimiento y su capacidad de generar empleo, sin descuidar la protección de derechos laborales.
La experta también planteó una advertencia: una reforma de esta magnitud debe incluir mecanismos de supervisión y garantías suficientes para evitar riesgos de precarización laboral. Según su criterio, la flexibilidad contractual puede ser una herramienta de desarrollo, pero solo si está acompañada de controles efectivos y salvaguardias para los trabajadores.
Impacto en salud pública
Agusto también relacionó la informalidad laboral con la salud pública. Señaló que la falta de afiliación a la seguridad social y la inestabilidad económica tienen efectos directos sobre la salud física y mental de las personas.
Desde esa perspectiva, ampliar la cobertura de la seguridad social no sería solo una medida laboral o económica. También funcionaría como una estrategia para prevenir enfermedades, reducir inequidades y fortalecer el bienestar colectivo.
La recomendación principal es construir un modelo que combine crecimiento económico, empleo, emprendimiento y protección social. Es decir, no tratar estos objetivos como elementos opuestos. A criterio de Agusto, el desafío del país no consiste en elegir entre desarrollo productivo y seguridad social, sino en diseñar una reforma que permita avanzar en ambos frentes.
Debate sigue en la Asamblea
El proyecto continúa en análisis dentro de la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social. La discusión legislativa deberá definir cómo se incorporan estos criterios técnicos y qué mecanismos se establecen para ampliar la cobertura sin afectar los derechos laborales.
La propuesta abre un debate clave sobre el futuro de la seguridad social en Ecuador, especialmente para quienes trabajan de forma independiente, emprenden o generan ingresos fuera de una relación laboral tradicional.
