El juez Jairo García convocó para las 09:00 de este martes 16 de junio de 2026 la reinstalación del testimonio anticipado de José C. A., testigo protegido que presentó la denuncia que originó el caso Goleada, diligencia que se desarrollará de forma presencial en la cámara de Gesell del Complejo Judicial Norte de Quito.
Varias defensas solicitaron acceso telemático para sus representados debido a restricciones de movilidad, lugar de residencia o medidas judiciales vigentes. La audiencia forma parte de la investigación por presunto lavado de activos que se sigue contra 28 personas naturales y jurídicas dentro del denominado caso Goleada, proceso que permanece en etapa de instrucción fiscal.
Entre quienes pidieron participar mediante enlace virtual constan las defensas del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez, su esposa Fiorella Icaza y su madre Gioconda Henriques.
La abogada Estefany Alvear argumentó que el alcalde "se encuentra actualmente privado de libertad en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena". La defensa también señaló que Gioconda Henriques reside en Estados Unidos y que Antonio y Xavier Alvarez, así como Fiorella Icaza, mantienen domicilio en Guayaquil y cumplen medidas de presentación periódica ante la Fiscalía Provincial del Guayas.
Solicitudes de acceso virtual
Las peticiones también fueron presentadas por las defensas de otros procesados vinculados al caso Goleada. Entre ellos figuran Pedro Juan Hidalgo, Gastón Aparicio Loy, José Gutemberg Ruiz Castillo, gerente de Operoil S. A., además de representantes legales de empresas investigadas dentro del proceso.
Según los escritos remitidos al despacho judicial, varios de los procesados residen en Guayaquil y deben cumplir medidas cautelares que incluyen presentaciones periódicas ante autoridades judiciales. El objetivo de los pedidos es que los procesados puedan seguir el desarrollo del testimonio anticipado sin necesidad de trasladarse hasta Quito para asistir a la diligencia.
Incidente en la audiencia anterior
La decisión del juez García de convocar la continuación del testimonio de manera presencial se produjo después de un incidente registrado durante la audiencia virtual realizada el pasado 12 de junio.
Durante esa diligencia, el abogado Fernando Chávez Drouet, defensor de la empresa Fiorema S. A., se desconectó de la sesión mientras agentes de la Policía Nacional intervenían un inmueble de la compañía como parte de medidas cautelares de incautación y prohibición de enajenar bienes.
Por ese hecho, el magistrado impuso al jurista una multa de 964 dólares, equivalente a dos salarios básicos unificados. Posteriormente, el abogado apeló la sanción y pidió su revocatoria. En su argumentación sostuvo que la desconexión ocurrió por "una causa de fuerza mayor".
Testimonio clave en la investigación
El testimonio anticipado de José C. fue solicitado por el fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Dennis Villavicencio. De acuerdo con la información procesal, José C. se desempeñó como gerente financiero de una de las empresas vinculadas a Aquiles Alvarez.
La Fiscalía investiga una presunta estructura empresarial y familiar relacionada con operaciones financieras y comerciales derivadas de la comercialización irregular de combustibles. Según la teoría fiscal, el grupo investigado habría adquirido grandes volúmenes de diésel subsidiado por el Estado, destinado a embarcaciones de bandera nacional. La acusación sostiene que parte del combustible habría sido desviado a embarcaciones internacionales.
Además, la hipótesis de la Fiscalía señala que los recursos obtenidos habrían sido utilizados para crear empresas de papel domiciliadas en Panamá con el fin de simular obligaciones, omitir ingresos y aparentar gastos.
UAFE busca intervenir en el proceso
Dentro del mismo caso Goleada, la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Ana Patiño, solicitó ser reconocida como acusadora particular. El juez Jairo García convocó a la funcionaria para el reconocimiento de firma y rúbrica el próximo 17 de junio de 2026 a las 11:00.
La petición se sustenta en un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) que involucra a las empresas Terminal Naviero Petrolero (Ternape Petroleum S. A.) y Comercializadora de Combustibles (Corpalubri S. A.).
