La justicia ecuatoriana atraviesa una semana de contrastes históricos. Por un lado, la sentencia máxima dictada contra 11 militares por la desaparición forzada y muerte de los cuatro niños de 'Las Malvinas' marca un hito en la lucha contra la impunidad. Por otro, las graves denuncias de presiones a magistrados y conflictos de intereses ponen en el ojo del huracán al Presidente del Consejo de la Judicatura. Para analizar estos escenarios, en un espacio de entrevista de Manavisión Plus, el abogado André Villa, constitucionalista, advirtió sobre la peligrosa consolidación de una "narcojusticia" en las instituciones del Estado.
Abogado, tras los recientes cuestionamientos al sistema judicial, ¿debe Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, enfrentar un juicio político?
Sin duda. Las declaraciones que dio el señor Godoy, lejos de defenderlo, dieron pie a entender que se ha configurado el artículo 232 de la Constitución. Hay un conflicto de intereses claro. No hablamos de un delincuente común, hablamos de un caso de narcotráfico donde se ha metido el poder en la justicia. Minimizar que un director provincial presione a un juez, o que existan vínculos de defensa técnica con grandes figuras del narcotráfico, nos indica que se ha instalado la "narcojusticia" en el Ecuador. Esto es más grave que los casos Metástasis o Purga.
-Se menciona un conflicto de intereses real, potencial y aparente. ¿Cómo se aplican estos conceptos al caso del principal de la Judicatura?
El conflicto de intereses aparente es cuando la ciudadanía tiene una duda razonable sobre la imparcialidad del funcionario. El real es cuando el interés privado ya influyó. El señor Godoy es presidente de la institución que administra jueces, y fue abogado de procesados vinculados a estas tramas. El conflicto no se mide solo por lo que el funcionario hizo, sino por lo que debió evitar. Él debió evitar que estas presiones sucedieran. La Asamblea tiene la responsabilidad de aplicar el artículo 131 de la Constitución para llamarlo a juicio político a él y a todos los vocales que han guardado silencio.
-El juez Serrano denunció que se le retiró la seguridad. Mario Godoy afirma que el trámite tomó cinco días. ¿Es este un procedimiento normal para un juez anticorrupción?
Yo he sido asesor legislativo y sé cómo se hace un análisis de riesgo. ¡Cinco días para tramitar la seguridad de un juez anticorrupción es una eternidad! El presidente del Consejo de la Judicatura tiene seguridad desbordada y los jueces que enfrentan al narco quedan vulnerables. Son formas de amedrentar. El señor Godoy dice que va a "mover el avispero"; ¿por qué no lo movió antes si es la autoridad? Lo que estamos viendo es solo la punta del iceberg.
-El jurista Felipe Rodríguez ha sugerido que Godoy debería renunciar por este amplio conflicto de intereses. ¿Coincide usted con esa postura?
Lo mejor para la institución es que las personas cuestionadas se hagan a un lado para que la institucionalidad sobreviva. Como abogado, me siento ofendido y avergonzado por lo que pasa con la profesión. Si no sanamos esto ahora, el narcotráfico seguirá ganando terreno hacia el 2026. Necesitamos cambiar esta realidad urgentemente porque las instituciones pasan por su peor momento.
-En otro tema que también ha marco las jornadas informativas esta semana, se ha cumplido ya la sentencia a los militares a casi un año del hallazgo de los cadáveres de los niños de las Malvinas. ¿Era este el fallo esperado y qué precedentes deja para el país?
El informe que presentó Fiscalía confirma que el caso de las Malvinas no es un hecho único, sino uno de muchos. Amnistía Internacional determinó que existen 43 posibles casos de desaparición forzada. Para la sociedad existe satisfacción porque se ha dado la sanción máxima a 11 de los 16 involucrados. Este es un precedente muy importante, pero no ajeno a la realidad social. El Estado está empezando a cumplir su deber, pero cabe una duda: este es solo uno de los tantos casos de extralimitación. Lo que sucedió en el paro nacional en Ibarra, con detenciones arbitrarias, pone la mira internacional sobre Ecuador. La Corte Interamericana y Amnistía Internacional están observando si las instituciones cumplen correctamente sus funciones.
-Usted menciona la necesidad de normar los procedimientos. ¿Cómo evitar que estos hechos de violencia institucional se repitan en sectores como Taura o en el control interno de seguridad?
Es vital que la responsabilidad estatal subsane estos temas para que no se repitan. Una de las resoluciones del tribunal fue que exista una placa que reconozca que las víctimas no eran delincuentes, pues al inicio se tergiversó la realidad de los hechos. No existe un control técnico ni un canal de denuncias óptimo que proteja a los denunciantes dentro de las Fuerzas Armadas. Hago un llamado al Ministro de Defensa: debe existir una depuración institucional. Si el Ministro dio declaraciones que no se ajustaron a la realidad judicial, es porque alguien le está mintiendo internamente.
-Ahora que las Fuerzas Armadas participan oficialmente en el control de seguridad interna, ¿existen protocolos claros o hay una "carta abierta" para vulneraciones de derechos?
Sí existen protocolos, y el hecho de no haberlos cumplido fue uno de los argumentos de Fiscalía para solicitar las penas máximas. Debieron reportar al ECU 911 y a la Policía Nacional. Se aplicó el artículo 84 del COIP con todo su rigor. Sin embargo, estos protocolos deben ser actualizados conforme a la realidad de los crímenes actuales. Es enfático el llamado a tecnificar la institución; incluso la sentencia manda a tener capacitación de derechos humanos en las Fuerzas Armadas, algo básico que debería existir por el simple uso de la razón y no por orden judicial.
-Finalmente, ¿qué le dice al Gobierno y al país sobre la depuración que usted tanto enfatiza en Manavisión Plus?
Se lo advirtió al Presidente y al Ministro: depuren las instituciones. Analicen qué hacen los servidores públicos, de dónde sacan sus mansiones y carros de lujo. Las Fuerzas Armadas, donde reside la inteligencia y contrainteligencia, deben ser depuradas con técnicas básicas. La historia juzgará a quienes no fueron capaces de evitar que las instituciones terminen cooptadas por malos elementos.
La entrevista completa se puede visualizar en las plataformas digitales de Manavisión Plus
