La organización Human Rights Watch (HRW) (Organización de derechos humanos) alertó este martes 21 de julio de 2026 sobre un grave incremento de violaciones a los derechos humanos en Ecuador, derivadas de las operaciones militares y la cooperación de seguridad con Estados Unidos.

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El informe de 105 páginas, titulado "Una alianza peligrosa", denuncia torturas, detenciones arbitrarias y ataques armados no esclarecidos contra civiles. La alerta se emite tras verificar graves incidentes ocurridos entre enero y marzo de 2026 en la frontera norte y cerca de las Islas Galápagos, bajo el pretexto del combate al crimen organizado en la administración del presidente Daniel Noboa y su homólogo estadounidense Donald Trump.  

Hallazgos y reportes

Según el reporte oficial del organismo internacional, la profundización de los lazos militares entre Quito y Washington carece de transparencia y salvaguardias mínimas para proteger a la población civil. La investigación se sustentó en 62 entrevistas a víctimas, abogados y testigos, respaldadas por el análisis de imágenes satelitales, datos de rastreo marítimo, certificados judiciales, informes médicos y más de 100 archivos fotográficos y de video.

Los hallazgos muestran un patrón de abusos tanto en operaciones terrestres en la frontera con Colombia como en incursiones marítimas en el Océano Pacífico, sin que las autoridades de ninguno de los dos países hayan entregado justificaciones legales ni pruebas fehacientes sobre las acusaciones contra los afectados.

Cifras y desglose comparativo de los incidentes documentados

Cifras y desglose comparativo de los incidentes documentados

Fuente: Informe "Una alianza peligrosa" - Human Rights Watch (HRW) | Cobertura: Enero - Marzo 2026

Caso / Incidente Ubicación / Período Afectaciones y Víctimas Antecedentes Penales / Pruebas
Operación Militar San Martín Operación Terrestre Frontera Ecuador-Colombia
1 al 6 de marzo, 2026
4 agrícolas torturados con electricidad (Taser).
3 propiedades privadas incendiadas.
2 fincas bombardeadas con munición aérea (incluye finca lechera).
0% de antecedentes penales en las víctimas.
0 pruebas entregadas por los militares a la Fiscalía para justificar vínculos criminales.
Ataque a La Negra Francisca Duarte II Ataque Marítimo Aguas de Galápagos
17 de marzo, 2026
• Ataque directo con drones armados.
• Pescadores con heridas por explosiones.
• Tripulación retenida durante 8 horas en cubierta metálica.
• Sin antecedentes penales por violencia ni por tráfico ilícito de drogas.
Ataque a la embarcación Don Maca Ataque Marítimo Aguas de Galápagos
26 de marzo, 2026
• Bombardeo con drones y explosiones múltiples.
• Pescadores heridos.
Destrucción total de nave principal y lanchas de apoyo.
• Sin antecedentes penales por delitos violentos o narcotráfico.
• Entregados a El Salvador en calidad de "náufragos".
Desaparición de nave Fiorella Desaparición en Alta Mar Océano Pacífico / Galápagos
Desde 20 de enero, 2026
1 embarcación pesquera desaparecida.
8 tripulantes desaparecidos.
• Avistamiento de columna de humo en su última ubicación.
• De 46 pesqueros analizados en el informe global, solo 4 registraban antecedentes menores no vinculados al crimen organizado.
* Cuadro elaborado con base en el análisis de 62 entrevistas, imágenes satelitales, datos de rastreo marítimo e informes forenses del IRCT.

Abusos comprobados en la frontera norte

Entre el 1 y el 6 de marzo de 2026, las Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo calificado como "conjunto" por funcionarios estadounidenses en la comunidad de San Martín, en la frontera con Colombia. Durante esta incursión, cuatro trabajadores agrícolas colombianos fueron aprehendidos arbitrariamente y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Paralelamente, los militares destruyeron tres propiedades, de las cuales dos fueron bombardeadas con municiones aéreas, incluyendo una finca lechera en pleno funcionamiento.

Pese a que el Gobierno ecuatoriano justificó las acciones señalando que el sector funcionaba como un campamento de la banda narcocriminal Comandos de la Frontera, la Fiscalía no recibió evidencia alguna que sustentara tales acusaciones. Los cuatro detenidos no registraban antecedentes penales y recuperaron la libertad sin formulación de cargos debido a la falta de pruebas.

En el informe de HRW, las víctimas detallaron las agresiones sufridas durante su custodia militar: "Me torturaron con electricidad, con un taser. Me echaban agua y luego me pringaban y yo me desmayaba", declaró uno de los trabajadores. Otro de los afectados relató los métodos de intimidación: "Me apuntaron con la pistola. Me la rastrillaron y me la martillaron, pero no había tiros". Un peritaje forense del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (IRCT) corroboró las secuelas físicas descritas.

Ataques de drones y detenciones en alta mar

El reporte documenta además un patrón de agresiones con tecnología militar avanzada contra el sector pesquero de Manabí. Un total de tres embarcaciones artesanales provenientes de comunidades como San Mateo, Jaramijó y Manta sufrieron ataques o desapariciones en las inmediaciones de las Islas Galápagos entre enero y marzo de 2026. El análisis de los antecedentes judiciales ecuatorianos determinó que de 46 pesqueros analizados, solo 4 registraban antecedentes menores no vinculados a narcotráfico ni violencia.

Los sobrevivientes de los ataques con drones a las lanchas La Negra Francisca Duarte II y Don Maca relataron que, tras las detonaciones en el mar, fueron auxiliados y posteriormente retenidos durante ocho horas sobre cubiertas metálicas por personal armado. Los pescadores identificaron a los captores como ciudadanos estadounidenses vestidos con uniformes tácticos color caqui e insignias con las siglas "USA". Tras permanecer encapuchados y esposados, fueron entregados a la Guardia Costera de El Salvador en calidad de "náufragos" y retornaron a Ecuador 10 días después.

Por otro lado, la embarcación Fiorella y sus ocho tripulantes permanecen en calidad de desaparecidos desde el 20 de enero de 2026. Los testimonios de naves cercanas indicaron que una patrulla marítima con bandera estadounidense navegaba en la zona horas antes de que se divisara una columna de humo y se perdiera total comunicación con la nave. El Pentágono y la Guardia Costera de Estados Unidos han negado cualquier implicación en los hechos, mientras que el Estado ecuatoriano no ha emitido confirmaciones oficiales al respecto.

Contexto y demandas de transparencia internacional

La escalada en la cooperación de seguridad coincide con la reelección de Daniel Noboa en Ecuador en 2025 y el mandato presidencial de Donald Trump en Estados Unidos. Ambas administraciones justificaron el incremento de operaciones por la declaración del estado de conflicto armado interno contra el crimen organizado transnacional. Sin embargo, la Comandancia del Comando Sur de EE.UU., liderada por el general Francis L. Donovan, catalogó la incursión en San Martín como un "éxito profesional", omitiendo la destrucción de infraestructura privada y la falta de pruebas contra los civiles.

Ante la opacidad de los acuerdos bilaterales, la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, instó a revisar los mecanismos de fiscalización actual: "La cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador ha sido demasiado opaca y peligrosa para los ecuatorianos", sostuvo, agregando que "las operaciones conjuntas contra el crimen organizado no deben convertirse en una excusa para cometer abusos".

HRW solicitó formalmente al Congreso de los Estados Unidos que exija explicaciones detalladas a la administración Trump sobre las salvaguardias en el uso de drones y la presencia de personal militar en el Pacífico. Asimismo, recommended al Ejecutivo ecuatoriano replantear el enfoque de conflicto armado y canalizar los recursos estatales hacia el fortalecimiento técnico e institucional del sistema judicial de juzgamiento criminal.