El movimiento Revolución Ciudadana solicitó al juez del Tribunal Contencioso Electoral Joaquín Viteri Llanga que requiera a la Asamblea Nacional levantar la reserva de la investigación previa 11-2026-F5. Esta investigación la lleva adelante la Fiscalía General del Estado contra el expresidente Rafael Correa y otros investigados por presunto delito de delincuencia organizada.
Según diario El Universo, la petición fue presentada por Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional y actual presidenta de RC, dentro de la causa 029-2026-TCE, que analiza la suspensión provisional del movimiento político.
Petición de acceso a la información
Rivadeneira argumenta que la reserva impide al movimiento ejercer su derecho a la defensa y cuestiona la validez de la medida cautelar. "¿Cómo puedo solicitar la revocatoria de una suspensión ilegal si todo es reservado?", plantea el documento entregado al magistrado.
La líder política recordó que la propia Fiscalía, en un impulso del 7 de abril de 2026, reconoció que Revolución Ciudadana no está siendo investigada y, por tanto, "no debe ser notificada".
Falta de fundamento para la sanción
Por ello, el escrito pide la revocatoria inmediata de la suspensión, al considerar que no existe base legal para mantenerla. La investigación 11-2026-F5, conocida como caso Caja Chica, indaga un supuesto financiamiento irregular de actividades políticas y fue abierta bajo estricta reserva por el delito de delincuencia organizada.
En marzo de 2026, el juez Viteri Llanga ordenó la suspensión provisional de Revolución Ciudadana por nueve meses, acogiendo un pedido de la Fiscalía sustentado en el artículo 374 del Código de la Democracia.
La solicitud de Revolución Ciudadana se basa en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública (LOTAIP), que faculta a la Asamblea Nacional o a una autoridad competente a desclasificar información reservada.
Cuestionamientos al proceso
Rivadeneira sostiene que no se ha presentado evidencia documental de supuestos viajes a Venezuela ni de financiamiento proveniente de ese país. Además, acusa a la Fiscalía de actuar en "contubernio con el Gobierno" para silenciar a la principal fuerza de oposición.
