Mientras el Ejecutivo celebra la reciente publicación de leyes mineras y energéticas en el Registro Oficial, la Revolución Ciudadana ha trasladado el conflicto legislativo a las instancias judiciales. Esta organización política cuestiona la validez constitucional de la Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los GAD, aprobada recientemente con una votación dividida. La bancada asegura que el proceso estuvo plagado de vulneraciones que deben ser revisadas de inmediato por los magistrados.
La asambleísta Patricia Núñez, representante de la Revolución Ciudadana por la provincia de Chimborazo, lideró una rueda de prensa en los exteriores de la Corte Constitucional. Durante este encuentro, se formalizó la presentación de una acción pública de inconstitucionalidad basada en un informe de minoría elaborado previamente por su bloque. Este documento técnico sirvió como el eje central para argumentar que la normativa aprobada no respeta los principios fundamentales del Estado descentralizado.
Una urgencia económica cuestionada por la oposición
Uno de los pilares de la demanda de la Revolución Ciudadana radica en la inexistencia de una verdadera urgencia económica en la propuesta del presidente Daniel Noboa. Núñez explicó que la aplicación de los topes de gasto es paulatina, iniciando con un 65% en el 2026 hasta alcanzar el 70% en el 2028. Al no ser una medida de ejecución inmediata, el bloque opositor sostiene que el Ejecutivo abusó de esta figura jurídica para acelerar un trámite que requería mayor debate.
Asimismo, la Revolución Ciudadana denunció la falta de un diálogo democrático inclusivo durante la fase de análisis en la Comisión de Desarrollo Económico. Según las declaraciones de la legisladora, se excluyó deliberadamente a autoridades territoriales clave como la prefecta de Pichincha o el alcalde de Cuenca por no ser aliados políticos del régimen. Esta supuesta selectividad habría impedido que las posturas críticas de los gobiernos locales fueran integradas antes de la votación final en el Pleno.
Vulneración de principios y trato desigual a los GAD
Otro punto álgido presentado por la Revolución Ciudadana es la violación del principio de igualdad y seguridad jurídica para los entes territoriales. Núñez criticó que la ley trate de la misma manera a un municipio pequeño que a una provincia grande, ignorando las realidades socioeconómicas de cada jurisdicción. Esta estandarización presupuestaria es vista como una medida punitiva que castiga la gestión local sin considerar sus capacidades técnicas reales ni sus necesidades específicas.
Para la Revolución Ciudadana, el Estado está incurriendo en una regresividad de derechos al retirar recursos que ya estaban asignados a los territorios bajo normativas previas. Esta acción legislativa es calificada como un retroceso que afecta la planificación estratégica de los alcaldes y prefectos de todo el país. La asambleísta enfatizó que la seguridad jurídica se ve comprometida cuando las reglas del juego cambian de forma abrupta y sin el sustento constitucional pertinente que avale tales modificaciones.
La deuda estatal y el intento de "licuación"
La Revolución Ciudadana puso el foco de atención sobre una deuda estatal que asciende a mil millones de dólares con los gobiernos locales. Patricia Núñez advirtió que el Gobierno pretende "licuar" este compromiso financiero mediante la reducción de las transferencias presupuestarias bajo el pretexto del control de gasto. Esta maniobra técnica escondería, según la legisladora, un grave perjuicio económico que debilita las arcas de los municipios y las juntas parroquiales a nivel nacional.
Los datos presentados por la Revolución Ciudadana son contundentes: los municipios enfrentarían un recorte de 649 millones de dólares, mientras que las provincias perderían 261 millones. Este escenario de desfinanciamiento pondría en riesgo la continuidad de obras de infraestructura y programas de asistencia social que están actualmente en marcha. El bloque legislativo insiste en que no permitirá que se use una reforma legal para evadir las obligaciones financieras que el Ejecutivo tiene con el desarrollo de cada provincia.
Consecuencias directas para el ciudadano común
Más allá de las cifras macroeconómicas, la Revolución Ciudadana alertó que el impacto final recaerá sobre el ciudadano de a pie y los servicios básicos. Núñez mencionó que los subcentros de salud municipales, las escuelas y los centros de atención para mujeres violentadas se verán seriamente limitados en su operatividad diaria. Se trata de una afectación directa a los sectores más vulnerables de la sociedad que dependen de la cercanía de la gestión municipal para garantizar sus derechos básicos.
Un ejemplo emblemático citado por la Revolución Ciudadana es el posible incremento en la tarifa del Metro de Quito debido a estos ajustes. De acuerdo con las proyecciones de la asambleísta, el costo del pasaje podría escalar de 50 centavos a 2 dólares, afectando la movilidad de miles de usuarios diarios. Esta situación es vista como una muestra clara de cómo las decisiones de la Asamblea Nacional repercuten negativamente en el acceso a servicios públicos estratégicos para la población urbana de la capital.
El inicio del proceso en la Corte Constitucional
Ante esta situación, la Revolución Ciudadana ha hecho un llamado público para que diversas organizaciones sociales presenten sus propios Amicus Curiae. El objetivo es robustecer el proceso legal con información técnica que demuestre cómo la ley perjudica a los sectores más pequeños y alejados del país. Este mecanismo de participación es vital para que la Corte Constitucional comprenda la magnitud del daño que la reforma al COOTAD podría causar en el tejido social.
Revolución Ciudadana confirmó que la causa ya ha sido sorteada y está bajo la competencia del juez Jhoel Marlin. Este paso marca el inicio de una batalla jurídica que busca revertir la votación de 77 legisladores que dio paso a la normativa el pasado 20 de febrero. Mientras otras leyes se asientan en el Registro Oficial, el destino de la autonomía local queda en manos de la máxima instancia de interpretación jurídica del Ecuador en este periodo de alta tensión política.
