En conversación con Manavisión Plus, Pacha Terán describió el escenario provincial y nacional tras las jornadas de protesta contra la eliminación del subsidio al diésel y otras decisiones de política pública.
Desde su perspectiva, el Gobierno de Daniel Noboa responde con un enfoque violento y represivo ante manifestaciones amparadas —según sostiene— en el derecho constitucional a la resistencia.
De acuerdo con el balance que presentó, la convocatoria en Imbabura reunió a al menos 10.000 personas entre Otavalo y Cotacachi, cifra que, a su juicio, pudo haber sido mayor si se activaban todos los 70 puntos de resistencia a nivel nacional.
Ese despliegue, dijo, permite sostener que el movimiento indígena mantiene capacidad de convocatoria y una estrategia que migra de los cortes de vías hacia la articulación social en barrios y comunidades.
Terán precisó que no hay bloqueos ni enfrentamientos en la Panamericana que cruza la zona, aunque subrayó que se mantienen asambleas permanentes.
Segunda etapa: asambleas, creatividad y campaña por el NO
La entrevistada explicó que, tras la movilización masiva, se ingresó en una “segunda etapa de movilización permanente”, con asambleas que permitan configurar una estrategia creativa y aglutinadora. Esa fase, indicó, apunta a sumar conciencias e involucrar a más sectores —especialmente jóvenes— en la promoción del NO.
Según su análisis, la agenda no se reduce a un rechazo puntual, sino que intenta instalar debates sobre salud, educación, empleo, seguridad social y espacios juveniles (cultura, arte y deporte). En su lectura, esos ámbitos requieren reasignación de recursos y atención prioritaria para evitar que los jóvenes enfrenten como “opción” la violencia o el sicariato.
Terán afirmó que las múltiples narrativas gubernamentales que vinculan a las protestas con grupos criminales o con minería ilegal desvían la discusión central: la ausencia de políticas públicas eficaces. Recalcó que, desde su óptica, tales señalamientos “desenfocan” el debate y justifican respuestas de fuerza.
Consulta popular: bases extranjeras y trabajo por horas en el centro del debate
Uno de los ejes de la entrevista fue la consulta popular. Terán señaló que las preguntas relacionadas con el ingreso de bases militares extranjeras y con el trabajo por horas activan profundas reservas en el movimiento indígena y organizaciones aliadas.
Insistió en que la consulta no resuelve problemas de salud, seguridad, empleo ni comercialización agrícola, por lo que su llamado es a un NO “contundente”.
Pacha Terán sobre el subsidio al diésel: gradualidad
Señaló que la Asamblea Nacional debería fiscalizar desde 2019 el destino de los recursos liberados con la eliminación del subsidio.
Entre las salidas que planteó, mencionó evaluar un aumento del salario básico para compensar la canasta básica que, según citó, superaría los USD 900.
En ese escenario, sostuvo, se perciben beneficios arancelarios para determinados productos —como el banano—, mientras textiles, artesanías y otras cadenas quedarían sin incentivos proporcionales.
Denuncias de represión y balance de víctimas
En su valoración del conflicto, Terán responsabilizó al Ejecutivo por un uso desproporcionado de la fuerza durante el paro nacional. Habló de más de 500 heridos y tres personas fallecidas, cifras que atribuyó a la represión en varios puntos del país.
Planteó que, en algunos casos, se habría empleado armamento de uso militar contra grupos pequeños de manifestantes, lo que derivó en lesiones graves y amputaciones. Aseguró que tales hechos refuerzan su tesis de un modelo de gestión pública que prioriza la militarización frente al diálogo y las políticas sociales.
La entrevista insistió en el derecho a la resistencia como paraguas constitucional para la protesta. En su lectura, cuando un Gobierno “pierde la razón”, recurre a la fuerza y busca desarticular cualquier intento de organización comunitaria.
Bloqueo de cuentas, seguridad financiera y sistema de justicia
Consultada por las denuncias de bloqueo de cuentas a dirigentes, Terán afirmó que es una práctica que podría alcanzar a quienes el Gobierno perciba como adversarios.
Esos elementos, afirmó, elevan la incertidumbre y remiten a episodios del pasado en los que la ciudadanía padeció congelamientos y restricciones.
Subrayó que el Estado de derecho demanda controles y contrapesos efectivos. Por eso, llamó a la Asamblea Nacional a ejercer fiscalización sin intereses de grupo.
