La audiencia de vinculación de familiares del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, al caso Goleada fracasó nuevamente el 26 de mayo de 2026 en Ecuador. El juez Jairo García cuestionó posibles "maniobras dilatorias" durante el proceso por presunto lavado de activos y ordenó nuevas diligencias judiciales para garantizar el derecho a la defensa de las empresas involucradas.
La diligencia se desarrolló en la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Fiscalía busca vincular a la esposa, madre y primos del alcalde de Guayaquil dentro del proceso penal.
Durante la audiencia, el juez Jairo García expresó su malestar por la segunda suspensión consecutiva. Además, dejó constancia de su postura en el acta judicial del caso. "En este tipo de actuaciones muchas veces se suelen utilizar maniobras dilatorias para retrasar o lograr que se concluyan los plazos perentorios dentro de los procesos penales", señaló el magistrado.
Segunda suspensión en el caso Goleada
El juez explicó que la audiencia no pudo instalarse por la ausencia de representantes legales de seis compañías que Fiscalía pretende vincular al proceso penal. Según expuso, la diligencia debía garantizar plenamente el derecho a la defensa. "No voy a permitir tampoco que existan maniobras dilatorias", afirmó García durante su intervención judicial, dos horas y media después del inicio de la audiencia.
Las empresas mencionadas en la diligencia son Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., Comercializadora de Combustibles Corpalubri S.A., Indudiesel S.A., Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A., Inmobiliaria Fiorema S.A. e Inmobiliaria Alvarez Hache S.A.
Según la exposición judicial, las compañías estaban representadas por Fernando y Andrés Viteri Henriques, primos del alcalde de Guayaquil. Ambos renunciaron a esos cargos el 20 de marzo de 2026. La salida consta en el Registro Mercantil de Guayaquil. El magistrado reconoció que las renuncias fueron inscritas legalmente. Sin embargo, sostuvo que las empresas debían contar con administradores subrogantes para asumir la representación jurídica durante la audiencia.
Plazo judicial y pedidos a instituciones
El juez ordenó a la Superintendencia de Compañías y al Registro Mercantil de Guayaquil entregar en 24 horas los nombres de los administradores subrogantes de las compañías involucradas. Además, pidió el listado de directorios de cada empresa. El objetivo es notificar oficialmente la próxima convocatoria judicial y permitir la designación inmediata de defensores jurídicos.
"Los jueces de garantías penales estamos llamados a garantizar el derecho a la defensa", manifestó García durante la diligencia. El magistrado también solicitó a Fiscalía activar todos los mecanismos necesarios para asegurar una defensa efectiva dentro del caso Goleada. La advertencia incluyó la posibilidad de intervención de la Defensoría Pública.
"En caso de no existir la posibilidad de garantizar una defensa privada, la Defensoría Pública ya queda notificada", indicó el juez. El proceso judicial mantiene atención pública debido a la investigación por presunto lavado de activos. Además, el caso involucra a familiares cercanos del alcalde de Guayaquil.
Comparación con el caso Progen
Durante su exposición, García comparó el caso Goleada con el proceso relacionado con la multinacional Progen, investigada dentro del denominado caso Apagón. El juez explicó que Progen enfrenta dificultades similares porque no cuenta con representantes legales dentro del proceso judicial ecuatoriano. Según dijo, sus directivos permanecen prófugos y tienen difusión roja de Interpol.
"Me permito traer a colación el antecedente del caso Progen", expresó el magistrado al justificar la necesidad de evitar retrasos en el trámite judicial. La comparación surgió mientras el juez insistía en equilibrar el derecho a la defensa con la continuidad del proceso penal. También reiteró que no permitirá retrasos injustificados en futuras convocatorias. La nueva fecha para la tercera audiencia de vinculación todavía no ha sido anunciada oficialmente por las autoridades judiciales.
