La audiencia de vinculación a la instrucción fiscal del caso Goleada no se instaló este martes 26 de mayo del 2026 por segunda ocasión. La razón se dio, debido a la falta de representantes legales de las empresas que la Fiscalía busca procesar por presunto lavado de activos relacionado con la comercialización ilegal de combustibles.
El juez Jairo García dispuso oficiar de inmediato a la Superintendencia de Compañías y al Registro Mercantil para que, en un plazo de 24 horas, informen sobre posibles acefalías, administradores subrogantes y el listado completo del directorio de las sociedades involucradas. Una vez recibida la información, se notificará una nueva fecha para la diligencia.
Obstáculos por representantes legales
La Fiscalía recibió un informe de la Superintendencia de Compañías que identifica a Fernando y Xavier Viteri Henriques, primos del alcalde Aquiles Alvarez, como representantes de cinco sociedades. No obstante, la defensa presentó documentos que acreditan su renuncia a esos cargos en marzo ante el Registro Mercantil de Guayaquil.
Ante los alegatos de la defensa sobre la ausencia de representantes, el juez ordenó la verificación oficial. Advirtió que, si las empresas no designan abogado, serán representadas por un defensor público, según precedente de la Corte Nacional de Justicia en el caso Progen.
Vinculación de familiares del alcalde
En esta audiencia se iba a vincular a Fiorella María Icaza, esposa del alcalde Aquiles Alvarez, y a Gioconda Henriques, madre del funcionario. También se busca vincular a Fernando Viteri Henriques, Érika Vélez Orellana, Andrés Viteri Henriques y otras personas, además de nueve empresas.
Entre las personas jurídicas figuran Grupo Alva3, Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum, Comercializadora de Combustibles Corpalubri, Inmobiliaria Fiorema, Inmobiliaria Alvarez Hache, Indudiesel, Compañía del Petróleo Copedesa, Operadora Portuaria Petrolera Operoil y CHN.
Contexto del caso Goleada
Hasta este martes, el caso contaba con doce procesados, entre ellos tres hermanos Alvarez y el asambleísta Raúl Chávez. La investigación inició por presunta delincuencia organizada y fue reformulada por la Fiscalía a presunto lavado de activos.
El fiscal Dennis Villavicencio podrá solicitar medidas cautelares como prisión preventiva, grillete electrónico, prohibición de salida del país y presentación periódica. Aquiles Alvarez mantiene medidas alternativas en el caso Goleada, aunque permanece detenido por otros procesos, entre ellos el caso Triple A.
