La Cámara Ecuatoriana de Transporte Pesado y la Unión Nacional de Educadores (UNE) rechazaron en Quito la eliminación del subsidio al diésel aplicada por el presidente Daniel Noboa, señalando que la decisión golpea directamente a los sectores más vulnerables y deja en indefensión a la economía popular.
Transportistas rechazan eliminación del subsidio al diésel
El gremio de carga pesada calificó como “arbitraria” la medida adoptada por decreto presidencial el 12 de septiembre, que elevó el precio del galón de diésel de USD 1,80 a USD 2,80. Denunciaron que el Gobierno no “socializó” la decisión y que el impacto será devastador en la cadena productiva y logística del país.
“La derogación del decreto es urgente. Esta medida deja en indefensión al transporte de carga, con graves consecuencias económicas y sociales”, expresaron en un comunicado difundido este sábado. Además, insistieron en instalar una mesa técnica que permita encontrar soluciones que mitiguen el impacto del ajuste.
Los dirigentes recordaron que habían respaldado la gestión de Noboa en materia de seguridad, considerada la principal preocupación nacional. Sin embargo, criticaron que los incrementos en combustibles y el IVA del 12% al 15% no se han traducido en mejoras palpables en esa área.
La UNE califica la medida como parte de un “paquetazo”
La Unión Nacional de Educadores también se pronunció contra la decisión. Aseguró que la eliminación del subsidio al diésel es parte de un ajuste fiscal de USD 5.600 millones comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En su comunicado del 13 de septiembre, la UNE señaló que “mientras el Gobierno elimina el subsidio al diésel para un Ecuador ‘más justo’, el grupo Noboa dejó de pagar más de USD 70 millones al SRI por una remisión tributaria”. Según la organización, se trata de un doble discurso que favorece a los grandes grupos económicos y castiga al pueblo.
La UNE en su declaración pública, hizo un llamado al FUT, CONAIE y Frente Popular a una movilización unitaria.
Impacto social y cifras de pobreza
Los gremios advirtieron que la medida afecta directamente al bolsillo ciudadano, pues el encarecimiento del transporte eleva los costos de alimentos, productos básicos y pasajes.
De acuerdo con cifras oficiales citadas por la UNE, el 40,8% de la población ecuatoriana vive en pobreza multidimensional, lo que equivale a 7,4 millones de personas. Además, el 28% de los habitantes subsisten con menos de USD 3 diarios, mientras que el 12,7% (2,3 millones de ciudadanos) lo hacen en pobreza extrema con menos de USD 1,7 diarios.
En este escenario, el alza de combustibles genera un “efecto dominó” que amenaza con profundizar la crisis social y limitar aún más el consumo de las familias, asegura la Unión Nacional de Educadores.
Voces a favor desde los analistas
El exvicepresidente y economista Alberto Dahik respaldó la medida. “El subsidio al diésel ha sido una inmoralidad colectiva desde 1974. Tomar la decisión de quitarlo es económicamente correcta y moralmente imprescindible”, sostuvo.
En esa misma línea, el exministro de Finanzas Mauricio Pozo afirmó que “la reducción del subsidio al diésel y las medidas complementarias son pasos en la dirección correcta. Aunque aún el diésel cuesta menos que en el mercado internacional, era necesario”.
En el mismo sentido se pronunció Mónica Heller, presidenta de la Federación de Cámaras de Ecuador. La eliminación de subsidios es correcta, aunque dolorosa para los dolientes. A corto plazo veremos una economía más sólida y estable. No se debe gastar lo que no se puede pagar, mencionó.
